El 9 de septiembre de 2011, cuatro chicos murieron calcinados. Cinco policías fueron imputados.
Madre de la tragedia. Rosa Yapura, mamá de Nelson Molas.
Pasaron 14 años desde aquella fatídica tarde en la Alcaidía de Catamarca. Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (17) y Franco Alejandro Sosa (16) compartían una celda. Un colchón se incendió y causó la tragedia. Cinco policías fueron acusados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”, pero 14 años pasaron y aún no se realizó el juicio oral y público.
Hoy faltan cuatro jóvenes. En su memoria, en la casa de Rosa Yapura, mamá de Nelson Molas –en el barrio Los Eucaliptos, en la zona norte capitalina- un grupo de amigos pintó un mural al poco tiempo de la Tragedia de la Alcaidía: cuatro pares de alas de ángeles. Fue pintado para recodar a sus seres queridos. El paso del tiempo y el deterioro a su paso se notan; el mural se fue despintando y la Justicia aún no llega. Roxana Silva, mamá de Nelson Fernández, lleva a su hijo tatuado en la piel. Ambas madres se emocionan al recordar el 9 de septiembre, más aún por la sensación de impunidad.
Roxana no pudo hablar. Se quebró. Expresó que es un día muy especial. En ese momento se tocó el antebrazo derecho. Allí, impreso, está su hijo. Con lágrimas en los ojos, mientras se acariciaba este tatuaje, decía cómo lo recuerda.
Rosa vive a la vuelta de la casa de Roxana. Estuvo predispuesta para dar una entrevista a El Ancasti. Contó que a través de ese mural, su hijo y sus tres amigos están presentes. “Ellos están presentes; son nuestros ángeles”, aseguró. A medida que hablaba se emocionaba. Pasaron 14 años y la impunidad no ayuda a sanar esta herida. Según Rosa, “se olvidaron de nosotros”. Las familias recorrieron pasillos y consultaron con distintos funcionarios, comentó, pero nadie les dio respuesta. Solo les queda la fe.
Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva fueron imputados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. En octubre de 2014, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago elevaron la causa a juicio. En abril de 2015, el juez de Control de Primera Nominación Garantías Héctor Maidana confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación. Entre octubre de 2018 y marzo de 2023 se habría fijado fecha de audiencia en al menos cinco ocasiones. En cada oportunidad se realizaron diferentes planteos. El último planteo fue presentado por el abogado defensor Luis Marcos Gandini, en representación de Mansilla y Leiva. Ambos acusados consideraron que la causa está prescripta y solicitaron el sobreseimiento.
El juez Correccional de Primera Nominación en comisión Edgardo Acuña rechazó el planteo. Según el magistrado, no existió un impulso activo por parte de los imputados para lograr la realización del juicio. “Por el contrario, esa parte provocó en dos oportunidades la suspensión de la audiencia de debate: primero al plantear la suspensión del juicio a prueba y luego por una superposición de compromisos del defensor. Estas circunstancias no resultan coherentes con el alegato de una afectación a la garantía que invocan”.
En 2021, la Justicia Civil se pronunció. La madre de una de las víctimas fatales realizó una demanda civil, al considerar que el Estado provincial tenía responsabilidad. En febrero de 2021, la jueza Silvina Millán del Juzgado Civil de Primera Instancia de Cuarta Nominación falló a favor de esta madre de la Tragedia de la Alcaidía. De esta manera, condenó al Estado provincial a abonar la suma de $783.116,16) en concepto de daño patrimonial (lucro cesante y pérdida de chance), más la suma de $1.000.000.
La magistrada aclaró que cuando una persona es privada de su libertad, el Estado asume la obligación de su custodia, por lo que debe velar por su vida, salud y la integridad física. Entonces, el hecho de que uno de los adolescentes tuviese un encendedor en su poder fue lo que posibilitó el incendio, advirtió. Si los encargados de su cuidado hubiesen realizado la requisa de manera exhaustiva, los chicos no hubiesen podido utilizar ese elemento para iniciar el fuego, puntualizó. El desenlace fatídico no hubiese sucedido, concluyó.
“Por lo tanto, está claro, a mi entender, que los oficiales policiales al cuidado de este adolescente no solo no cumplieron el memorándum, sino que tampoco actuaron con la diligencia necesaria una vez comenzado el incendio, atento la demora en sofocar el fuego. Cabe precisar, además, las malas condiciones edilicias de la Alcaidía y la falta de elementos necesarios para resolver de la mejor manera un hecho como el aquí descripto, pues el sistema de agua antiincendios no funcionaba, la manguera con la que se intentó sofocarlo tenía poca presión de agua y no había suficientes extinguidores ni en condiciones para su uso. Consecuentemente, de los antecedentes reseñados y los elementos probatorios surgen evidencias suficientes para comprometer la responsabilidad del Estado”, sostuvo.
