El alojamiento de arrestados o detenidos durante lapsos prolongados en comisarías es una práctica muy habitual, tanto en Catamarca como en otras provincias, que sin embargo va en contra de las recomendaciones institucionales. Las comisarías están diseñadas para el cumplimiento de alojamientos transitorios, limitados a los primeros momentos de la detención.
Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura recientemente presentado y titulado “La privación de la libertad en el ámbito policial. Alcance y dimensiones del fenómeno” detalla la información sistematizada de todos los establecimientos policiales del país. Señala que al 31 de diciembre de 2022 había 13.252 personas alojadas en establecimientos policiales. Las cifras en la actualidad pueden variar un poco, pero la tendencia es de crecimiento, por encima de la evolución de la población carcelaria. Mientras la población en las cárceles creció desde 2016 al 2022 un 37%, los alojados en comisarías aumentaron un 144%.
En Catamarca, las personas detenidas en comisarías pasaron de 26 en el año 2016 a 46 en 2022.
El hacinamiento de los arrestados o detenidos en comisarías es grave. El informe del Comité señala que hay 7.854 plazas de alojamiento informadas a nivel nacional y 13.252 personas privadas de la libertad en comisarías, que representan un 68.7% de sobrepoblación.
“Los destacamentos policiales están diseñados para el cumplimiento de alojamientos transitorios, limitados a los primeros momentos del proceso penal. No obstante, en una parte muy importante de las provincias del país, las personas permanecen allí encerradas por largos períodos”, sostiene el informe.
Otro estudio vinculado con las fuerzas de seguridad, en este caso confeccionado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), indica que en los primeros seis meses del año ya son 59 las personas que murieron en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) por balas de efectivos policiales.
El informe fue difundido a propósito del homicidio del niño Bastián Escalante Montoya a manos de un policía de la ciudad cuando andaba en bicicleta junto a su mamá. El agente, identificado como Juan Alberto García Tonzo, le disparó a unos motochorros que le habían intentado robar pero las balas fueron a dar en el nene. El efectivo tuvo una imputación leve: homicidio cometido con arma de fuego en exceso de la legítima defensa. Sin embargo, las pericias constataron que disparó ocho veces y el niño recibió dos balazos.
Las muertes de inocentes por balas policiales venían descendiendo hasta el año pasado, pero en los últimos meses se incrementaron notablemente. La tolerancia de las autoridades del Ministerio de Seguridad nacional al accionar temerario de policías, o incluso a los episodios de gatillo fácil, pueden ser razones que expliquen la nueva tendencia.
El rol de la policía es fundamental en épocas de incremento de la inseguridad. El hacinamiento en comisarías, los episodios de violencia institucional o de muertes de personas inocentes por balas de las fuerzas de seguridad, son factores que distorsionan la misión y que merecen las correcciones institucionales necesarias.
