Esta semana se cumplieron cuarenta años de una de las jornadas más trascendentes de la historia democrática del país: la sentencia del Juicio a las Juntas. Aquel 9 de diciembre de 1985, los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar fueron finalmente condenados tras meses de testimonios que revelaron la magnitud del aparato represivo que operó entre 1976 y 1983. Cuatro décadas después, el valor histórico de ese fallo se mantiene intacto. Pero ese aniversario convive, una vez más, con las evidencias de un problema que la democracia no ha logrado resolver, como la persistencia de demoras incomprensibles en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.
En el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza comenzaron a ser indagados exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad imputados por crímenes cometidos contra niñas y niños durante la dictadura. Las acusaciones describen hechos perpetrados contra 56 menores de edad que quedaron a disposición del aparato represivo en operativos dirigidos contra sus padres y madres.
Que estos casos comiencen a investigarse con profundidad casi cincuenta años después no puede naturalizarse. Las demoras en la tramitación de causas, los expedientes que se empantanan, los cambios de jueces y la falta de impulso permanente configuran un fenómeno estructural de la Justicia argentina. Y ese funcionamiento defectuoso, más allá de las explicaciones burocráticas, favorece la impunidad de cientos de responsables de delitos aberrantes, muchos de los cuales murieron sin llegar a juicio.
El avance sobre los crímenes cometidos contra las infancias podría marcar un punto de inflexión. En una primera etapa, los tribunales se concentraron en desapariciones, torturas y asesinatos. Con los años, comenzaron también a abordar delitos conexos, como abusos sexuales y apropiaciones. Ahora, empiezan a salir a la luz violencias específicas ejercidas sobre niñas y niños sometidos al terror estatal, una dimensión que fue largamente postergada en el proceso de justicia.
La mayoría de los imputados en Mendoza ya tiene condenas previas por la persecución y el destino final de los padres y madres de estas 56 víctimas. Pero aquí se analiza algo distinto: la violencia dirigida directamente contra los chicos y chicas, que padecieron secuestros, amenazas, separaciones forzadas y situaciones traumáticas que marcaron sus vidas para siempre.
Un proceso paralelo avanza en la Justicia Federal de Santa Fe, donde en abril del próximo año comenzará un juicio por delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y abusos sexuales sufridos por 16 niñas y niños en centros clandestinos de detención.
La reactivación de estas causas es una buena noticia. Significa que el sistema judicial, aun con sus falencias, sigue siendo capaz de abrir caminos para recuperar la verdad y asignar responsabilidades. Pero también obliga a señalar que no es razonable que un país siga investigando crímenes de la dictadura casi medio siglo después de ocurridos. La lentitud del Estado ha permitido que gran parte de los responsables esquive el juicio en vida. Ese es el rostro más tangible de la impunidad.
