30 de octubre de 2022 - 01:05
Aunque los detonantes, el ritmo del giro y los mecanismos aplicados sean diferentes, los expedientes judiciales de las estafas perpetradas por la banda de Edgar Adhemar Bacchiani y el clan liderado por Edgardo Bulacio comienzan a converger en un mismo objetivo: localizar los respectivos botines, que los encartados atomizaron en enmarañadas constelaciones de testaferros, cómplices y cuentas virtuales de ardua localización tras capturarlos en las redes de “Adhemar Capital” y “RT Inversiones”.
Las quiebras decretadas contra Bulacio y Bacchiani clausuran la posibilidad de pagos extrajudiciales que extingan la acción penal por las estafas, porque despoja definitivamente a los reos del control de sus patrimonios y somete los eventuales resarcimientos a criterios objetivos, establecidos por los síndicos y la Justicia.
En el caso de Bacchiani, el procedimiento restringe casi hasta anonadarlo el margen de maniobra de los abogados que, complicados con su colega Lucas Retamozo, vinieron dilatando el proceso con promesas de pago a sus clientes si al “trader” se le concedía la prisión domiciliaria.
Para los damnificados, el único modo de cobrar es metiéndose en las quiebras, para lo que tienen no solo que verificar los créditos que reclaman, sino también demostrar el origen lícito del dinero que les esquilmaron.
La grotesca composición de la primera subasta que se realizará en la quiebra Bulacio contribuyó a las ansiedades de los inversores burlados al exponer, además, la imposibilidad de recuperar una porción aceptable de lo perdido si no se consiguen reunir montos importantes: apenas 3,4 millones de pesos de base, divididos en 47 lotes de artículos en los que hay desde artefactos informáticos hasta rollos de papel higiénico.
De ahí que la exigencia de los perjudicados sobre la Justicia Federal se concentre ahora con más intensidad en que siga el rastro de la rapiña y encuentre el dinero robado, en cualquiera de las formas que haya adquirido.
Los pesquisas tienen que establecer una cadena de mutaciones compleja, porque los botines de billetes físicos se transformaron, entre otras cosas, en criptomonedas, divisas virtuales, propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama y otros bienes suntuarios, que además los estafadores transfirieron en parte a terceros, sea para cubrir deudas o para insolventarse.
Secreto de sumario
Desarrollado bajo el control del subrogante santiagueño Sebastián Argibay, con el fiscal Rafael Vehils Ruiz requiriendo las medidas, el expediente RT Inversiones avanza con mayor ejecutividad. Lo habitual.
Argibay decretó el secreto de sumario hace una semana y el viernes bajó la bandera para un megaoperativo de 20 allanamientos que se desplegaron en San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Pomán y Tucumán. Los gendarmes incautaron, aparte de dinero en efectivo y divisas, 14 vehículos, armas de fuego y municiones de diferentes calibres, computadoras, discos de almacenamiento de información, cámaras, máquinas de contar billetes, chequeras, teléfonos celulares y documentación. Fueron detenidas 11 personas vinculadas a los Bulacio o sus socios, que serán indagadas el lunes por lavado de activos conforme a la táctica que tan buenos resultados dio cuando Argibay se hizo cargo de la causa: la posibilidad de quedar involucrados en delitos o presos es un eficaz disuasivo para desatar lenguas renuentes.
Insolvencia fraudulenta
En la causa Bacchiani, el derrotero fue distinto. El juez Miguel Contreras y su secretario penal, Luis Baracat, se dejaron enredar en la trama de las promesas de pago pergeñada por Retamozo y uno de los abogados querellantes hasta que un procedimiento realizado en la sede de la Policía Federal le confirmó que todo era una mascarada.
La clave para comenzar a reordenar la investigación –proceso aún incipiente- fueron los testimonios como “imputados colaboradores” de Celeste Zaraive Garcés Rusa, expareja y socia de Bacchiani, y José Blas, ejecutivo de “Adhemar Capital”.
La mujer fue la primera en introducir en el expediente a los “testaferros” a los que Bacchiani transfirió propiedades y a la escribana Joaquina Córdoba Gandini, que habría certificado las operaciones ilícitas. La situación de la profesional se complicó aún más cuando fue denunciada por el empresario Cristian Guillou, que litiga con Bacchiani la propiedad del complejo Wika. El financista se lo cedió al presidente de la Federación Económica de Catamarca, Alejandro Segli.
Blas aportó pruebas que comprometen seriamente al presidente del congreso de la Coalición Cívica-ARI, Mariano Manzi, quien según dice habría asesorado a Bacchiani y colaborado con las maniobras para que se desprendiera de bienes.
En función de estos elementos, el fiscal Santos Reynoso requirió la indagatoria de Manzi y la escribana Córdoba Gandini como partícipes necesarios en el delito de insolvencia fraudulenta, que suma a la lista de Bacchiani.
El complot
Manzi reaccionó denunciando una conspiración del Gobierno, pero se cuidó de no mencionar a Reynoso. Obtuvo escasos respaldos en el planteo de la hipótesis: solo la suscribieron su padre, el diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Rubén Manzi y el presidente del bloque de diputados del PRO, Enrique Cesarini, quien advirtió a Juntos por el Cambio, en un mensaje al grupo de whatsapp: “Buenas!!! La tapa del Ancasti es una clara muestra de que las elecciones son en marzo y el gobierno sale a reaccionar después del tema salud, corrupcion, osep! Tenemos claro de dónde viene y que seguirá!! Sugiero estar atento!”.
Una apelación a la solidaridad de la que el radicalismo no se hizo eco por la obvia razón de que no registra antecedentes públicos de relaciones íntimas con el financista preso.
Manzi hijo, en cambio fue la espada política principal de Bacchiani, cuyas actividades defendió ardorosamente incluso cuando ya las evidencias de que se trataban de un fraude eran ostensibles.
El PRO de Cesarini dejó los dedos marcados con un proyecto de antología, que presentaron en noviembre del año pasado la diputada Natalia Saseta y su entonces compañero de bancada, Diego Martín Figueroa, ahora devenido en representante de perjudicados: la condecoración de un diploma de la Cámara baja a Bacchiani por sus aportes a la “educación financiera”. Cesarini no puso el gancho en semejante desvarío, pero integraba la bancada macrista y, como ahora, la lideraba.
Los indicios de complicidad de Manzi y el PRO con el “Trader God” del que intentan despegar son mucho más fuertes que los del complot atribuido al Gobierno, que requeriría la complicidad del Juzgado Federal a quienes las víctimas de la supuesta conjura no aluden.
Son notorias las coincidencias estratégicas, aparte. También Bacchiani se declaraba blanco de la conspiración política del Gobierno, con tanto empeño que incluso llegó, con la colaboración de sus terminales mediáticas, a jugar con la idea de postularse a Gobernador. Las redes sociales son un archivo interesante como registro del entusiasmo y las alcahueterías que semejante proyecto despertó a fines de 2021.
El más célebre de los abogados que actúa en concordancia con Retamozo para lograr la domiciliaria de Bacchiani se sumó a los acosados por el poder político cuando la quiebra le bajó la persiana al negocio.
El complot más probable hasta el momento es el de los que construyeron la credibilidad imprescindible para que Bacchiani y sus sucedáneos perpetraran la gigantesca estafa y, luego, participaron de los enjuagues para lavar activos o conformar el testaferrato catamarqueño.
