La administración Milei acumuló recortes de transferencias a las provincias por U$S 18.500 millones.
El final del programa Volver al Trabajo y la caída de las transferencias nacionales consolidan un escenario de fragilidad fiscal en casi todo el país. La decisión del Gobierno de Javier Milei de reemplazar la asignación mensual de $78.000 por vouchers de capacitación afecta a cerca de 900.000 personas y abre un nuevo frente de tensión con los gobernadores, que advierten sobre el impacto social y económico de la medida.
La mayoría de quienes hoy aún perciben este plan viven en provincias del Norte Grande, siendo una de ellas Catamarca donde 11.717 beneficiados serán alcanzados por esta decisión. Hay casos como Tucumán, donde más de 55.000 beneficiarios quedarán sin el aporte estatal desde mayo, lo que implica una merma de $4.000 millones mensuales en el consumo local. El gobernador Osvaldo Jaldo y su gabinete admitieron que no están en condiciones de absorber semejante recorte, mientras la senadora Beatriz Ávila y el ministro Federico Masso reclamaron precisiones a la ministra Sandra Pettovello.
En Córdoba, Martín Llaryora reunió a su gabinete para advertir sobre la caída de ingresos y puso en marcha un visado adicional del gasto ministerial. La provincia enfrenta un problema adicional: la Anses retiene recursos que por ley deberían girarse a las cajas de jubilaciones. Aunque en mayo se prevé un pago a cuenta de $10.000 millones, la cifra equivale a menos de un tercio de lo que corresponde. Para cubrirse, Córdoba recurrió a emisiones internacionales de deuda por más de 1.500 millones de dólares en los últimos dos años, con autorización de la Nación.
Buenos Aires, bajo la conducción de Axel Kicillof, judicializó el conflicto y denunció pérdidas por 6,6 billones de pesos en coparticipación y deudas por obras públicas que superan los 15 billones. Según el gobernador, ambos conceptos equivalen a la mitad del presupuesto bonaerense. Kicillof reunió a los 135 intendentes para anunciar la octava demanda ante la Corte Suprema, en un intento de recuperar recursos que considera arrebatados por la Nación.
La fragilidad fiscal se repite en Misiones, donde se postergó el ingreso de cadetes del Servicio Penitenciario y la compra de vehículos por falta de presupuesto. En La Rioja, que arrastra un default desde 2024, la retracción del gasto estatal impacta de lleno en la actividad económica y la provincia lidera el cierre de empresas. En Santa Fe y Jujuy, la conflictividad se trasladó a la policía, con reclamos salariales que pusieron en tensión la gobernabilidad.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calculó que Córdoba perdió unos 550 millones de dólares en coparticipación, mientras que el recorte acumulado de transferencias no automáticas llega a 12.880 millones de dólares para todas las provincias. La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, recibió 700 millones de dólares extras en ese concepto, lo que alimenta las denuncias de discrecionalidad y discriminación en el reparto de fondos.
El ajuste nacional se “federaliza” de hecho: la Nación recorta subsidios al transporte, al incentivo docente y a obras viales, trasladando a las provincias la obligación de cubrir esos servicios. En Córdoba, por ejemplo, el gobierno provincial debió hacerse cargo de prestaciones a la discapacidad y de la atención de jubilados nacionales en hospitales locales, ante las falencias crecientes del PAMI.
En 2023, al momento de la llegada de Milei, la Nación tenía un déficit de 4,4 puntos del PBI y las provincias un superávit de 0,3. En 2024, el ajuste nacional fue muy fuerte y las provincias lograron mejorar su posición fiscal licuando sueldos y jubilaciones. En 2026, la caída de la coparticipación y de los ingresos propios obliga a buscar financiamiento externo.
