Los tres compartieron imputación por no cargar en el Registro de la Propiedad Inmueble-ARCAT el cambio de dominio a favor de Adhemar Bacchiani de dos importantes terrenos.
El abogado Paulo Gustavo Ibáñez (44), quien a mediados de 2024 fue expulsado de la Administración Pública por sospechas de haber ordenado a dos subalternas que omitieran cargar en el sistema del Registro de la Propiedad Inmobiliaria-ARCAT, el cambio de titularidad de dos importantes inmuebles a nombre de Edgar Bacchiani, fue absuelto en forma definitiva, mientras que las dos empleadas fueron enviadas a juicio.
Se trata de Norma del Valle Bravo (59) y Andrea Beatriz Pacheco (38), quienes compartieron la acusación con Ibáñez al ser imputados por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores".
La investigación administrativa que dio inicio a la causa penal comenzó tras la denuncia penal realizada por la directora del Registro, Patricia Valdez, en la Unidad Judicial Nº1, que luego fue girada a la Fiscalía N°6 de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat.
Se inició una investigación sumaria y administrativa, y en forma paralela, una pesquisa judicial en la que Ibáñez, Bravo y Pacheco fueron coimputados.
En ese momento, Valdez advirtió la irregularidad surgida porque ordenó la instrucción de una investigación sumarial en el Departamento de Folio Real, cuya jefatura estaba a cargo de Ibáñez. Dijo además que una vez concluida la investigación sumarial y en base a sus resultados, se ordenó la instrucción del sumario administrativo correspondiente que tramitó la Dirección de Investigación y Sumarios, de Fiscalía de Estado de la Provincia.
En septiembre de 2024, Valdez aseguró que ambas investigaciones "se instruyeron por organismos imparciales, fuera del Registro de la Propiedad - ARCAT" y consideró que "el resultado de ello es producto de una exhaustiva investigación realizada durante casi dos años, siendo dichos ámbitos donde debieron presentarse las pruebas exculpatorias, en su caso".
Para el fiscal del caso, Ibáñez y las dos empleadas habían participado en una maniobra realizada el 12 de enero de 2022. Supuestamente, Bravo debió inscribir dos trámites o cambios de dominio de dos inmuebles a favor de Bacchiani -creador de la quebrada financiera Adhemar Capital SRL-, mientras que Pacheco tenía la función de verificar la realización de los trámites, actividades que no se ejecutaron supuestamente por orden de Ibáñez, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Folio Real. La irregularidad surgió tras un pedido de la Justicia Federal, en base a requerimientos de la AFIP y de querellantes de la causa Bacchiani.
Ibáñez fue cesanteado en 2022 y exonerado por orden del Ejecutivo Provincial, y sus compañeras, Bravo y Pacheco, no fueron exoneradas a pesar de ser coimputadas.
En este contexto y con el patrocinio del abogado Sebastián Ibáñez, solicitó a Sumarios que reconsidere la exoneración y a la Fiscalía pidió su sobreseimiento total y definitivo, pretensión que fue remitida al Juzgado de Control de Garantías N°1 para su resolución.
La investigación penal demoró demasiado -más de 30 meses-, y el juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana, emplazó a Barros Jorrat para que cerrara el proceso y enviara la causa a juicio. Le dio 45 días para que terminara.
A principio de diciembre de 2024, el fiscal elevó el caso a juicio y el imputado Ibáñez se opuso, advirtiendo que -como lo había manifestado en otras ocasiones-, una testigo del caso incurrió en falso testimonio al asegurar que escuchó cuando él le ordenaba a las dos subalternas que no ingresaran al sistema registral los cambios de dominio a favor de Bacchiani.
Por otra parte, Ibáñez le pidió al fiscal Barros Jorrat -y por extensión al Juzgado de Control de Garantías-, que imputara a las testigos, la escribana Elizabeth Mamaní y a Antonia Etelvina Villafáñez, por presunto falso testimonio agravado en calidad de autor.
Para Ibáñez, en el caso de Villafáñez, la falsedad quedó demostrada a través de un “Informe de asistencia y registro de huella” emitido por la División de Asistencia del ARCA (actual ARCAT), donde consta que entre los días 3 y 28 de enero de 2022 estuvo de vacaciones, por lo que no pudo haber escuchado cuando supuestamente ordenaba se realice la maniobra fraudulenta.
Finalmente, pidió al juez de Control que dictara su sobreseimiento total y definitivo.
Pasaron más de 11 meses desde esas presentaciones y la defensa, a cargo de Sebastián Ibáñez, hizo un pedido de "pronto despacho" por la mora judicial.
En las últimas horas, el juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, emitió su dictamen de absolución para Ibáñez y rechazó un pedido similar realizado por la defensa de las empleadas, confirmando su elevación a juicio oral y público.
