El informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, las condiciones de los centros de detención y los hechos de tortura y maltrato que fuera publicado por El Ancasti, sigue generando repercusiones.
En este sentido, el especialista y coordinador del programa de la Facultad de Humanidades en el Servicio Penitenciario, Mario Alanís, consideró como “inaceptable" que lo denunciado por el CNPT siga ocurriendo en la provincia.
El experto recordó que el Estado provincial ya había sido advertido en 2022 por el mismo comité nacional y que, sin embargo, "no se asumió la responsabilidad de avanzar en cambios estructurales".
Además, cuestionó la vigencia del Decreto Ley 4663 de 1991, emitido durante una intervención federal, que en su artículo nº8 habilita a las fuerzas de seguridad a "arrestar a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse sin exceder el plazo de veinticuatro (24) horas".
Para Alanís, este instrumento “habilita prácticas contrarias a los derechos humanos” y criticó que "ninguna gestión democrática derogó esa norma”, advirtiendo una “falta de voluntad política”.
Para el especialista, existe un problema que trasciende las gestiones ya que “hay un problema que cualquiera de las fuerzas que asuma la conducción del Estado le ponga un límite a la policía”.
“Esto es un hecho, es real y no deberíamos tener dificultad de reconocerlo porque es así", consideró.
Más adelante, señaló que Catamarca continúa sin un mecanismo local de prevención de la tortura, a pesar de ser uno de los ejes señalados en los informes nacionales.
"Es una de las seis provincias que no tiene un instituto que prevenga abusos en contextos de encierro", denunció.
Pero Alanís no limitó sus cuestionamientos al Estado. También fue crítico con el rol de la sociedad civil. "Hay un déficit notorio en las organizaciones sociales, en los organismos de derechos humanos y en el área del Estado vinculada al tema. Nunca leí un pronunciamiento concreto reclamando al Estado la creación de ese instituto", sostuvo.
En ese sentido, llamó a repensar el enfoque actual de la lucha por los derechos humanos: "No puede quedarse anclada solo en los delitos de los años 70. Debe extenderse al presente, a cómo funciona hoy el Estado, y eso incluye garantizar los derechos en contextos de encierro".
Finalmente, el especialista apuntó a un problema institucional que consideró determinante: "Durante mucho tiempo, el área de Derechos Humanos dependía del mismo ministerio que el de Seguridad. ¿Cómo esperar que impulse cambios reales si tenía menos peso institucional y político? Nada pasó. Y hoy seguimos igual".
