La reciente publicación del informe final de la comisión investigadora del caso del fentanilo contaminado -una tragedia que dejó más de 170 víctimas en todo el país- vuelve a mostrar un fenómeno que lamentablemente se repite: las comisiones legislativas avanzan con mayor celeridad y profundidad que la propia Justicia. Ocurrió con la comisión del caso Libra y ahora vuelve a suceder.
Este dato no es menor. Por un lado, evidencia que las comisiones parlamentarias pueden cumplir un rol relevante, sobre todo frente a crisis sanitarias que involucran fallas sistémicas del Estado. Pero, por otro, desnuda los déficits persistentes de la Justicia, que parece avanzar lentamente cuando debe hurgar en zonas sensibles del entramado estatal o empresarial.
Las conclusiones de la comisión -integrada por la socialista Mónica Fein, la bullrichista Silvana Giudici y la peronista Victoria Tolosa Paz- señalan fallas graves en los mecanismos de control estatal, exacerbadas por la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional, y cuestionan en duros términos la actitud de los funcionarios nacionales que no se presentaron a dar explicaciones ante el Congreso. En una tragedia de esta magnitud, la ausencia de quienes debían aportar claridad y responsabilidades institucionales resulta elocuente e inquietante.
El documento legislativo también remarca que, además de los controles, fallaron los mecanismos de asistencia a las víctimas, dejando a decenas de familias libradas a su suerte frente a un Estado que llegó tarde y mal. Además, la comisión incorporó propuestas concretas impulsadas por los propios familiares: la sanción de una ley exhaustiva de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo, que incluya obligatoriamente al fentanilo y a todos los opioides sintéticos dentro de un sistema integral, digital y transparente. Se plantea, además, el registro individual de cada unidad desde su producción hasta su administración; la obligación de que laboratorios, droguerías y hospitales reporten electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, con auditoría pública y judicial; y la adopción de modelos internacionales que garanticen controles cruzados sin fisuras, entre otras.
Mientras tanto, la Justicia avanza sobre un abanico de responsabilidades centrado en los eslabones técnicos de la cadena: laboratorios fabricantes, droguerías y centros de salud. Sin embargo, hasta ahora no ha puesto el foco con la misma intensidad en las responsabilidades políticas, particularmente en la laxitud regulatoria que permitió que el sistema quedara desguarnecido frente a prácticas riesgosas.
La investigación judicial debe profundizarse, determinar las responsabilidades que faltan y llegar hasta las últimas consecuencias, incluidas las políticas. No solo porque las familias merecen justicia, sino porque ese precedente es indispensable para reconstruir un sistema de control estatal que hoy muestra sus grietas más profundas.
