La Justicia de Familia había intervenido por las denuncias entre Alicia Suárez, la mujer asesinada el domingo, y su ex pareja, quien cumple condena. Mario Carranza (63) será indagado hoy por “femicidio”.
El crimen de Alicia Suárez, la mujer de 40 años que fue asesinada el domingo último, puso de manifiesto la vulnerabilidad extrema que atraviesan algunas personas, sumada a la indiferencia social. El saldo a lamentar es el de dos niñas que quedaron desamparadas: su padre cumple condena en el Servicio Penitenciario Provincial y su madre fue asesinada. En relación con el crimen, en un primer momento hubo cuatro sospechosos arrestados en averiguación del hecho.
Finalmente, la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, resolvió el cese de detención para tres de ellos. Sin embargo, la situación se complica para Mario Eduardo Carranza (63). Este sospechoso, en las últimas horas, pasó a calidad de detenido. Según se indicó, la fiscal Antonino lo indagará hoy a la tarde por el presunto delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género”.
El cuerpo de Alicia fue hallado por un vecino el domingo por la tarde. Se encontraba en un estado deplorable, semidesnuda y con dos mascotas en un charco de sangre. Según el protocolo de autopsia, la causa de muerte fue un shock hipovolémico masivo con hemorragia, producto de la herida cortante en el cuello. Además, se constataron lesiones en el rostro y el abdomen. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, Alicia se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema y de desprotección. Alicia fue víctima de violencia por parte de su expareja y padre de sus hijos. La Justicia de Familia había intervenido oportunamente con algunas medidas restrictivas. No obstante, esta situación se habría profundizado cuando la expareja y padre de sus hijos fue condenado por la violencia ejercida contra ella. Alicia quedó “sin protección” de su pareja y su problema de consumo comenzó a agudizarse. La Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social –organismo de aplicación de la Ley Provincial 5357 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes- intervino por las hijas más pequeñas de Alicia. Las nenas fueron institucionalizadas en uno de los centros de resguardo.
Mientras tanto, Alicia quedó a la buena de Dios. A su adicción a las drogas se sumó la precariedad y la vulnerabilidad. Vivía en una casa precaria, sin servicios básicos, muebles ni sanitarios. Carranza, el único sospechoso por su muerte, tiene su casa a la vuelta de la casa de Alicia. Hacía poco tiempo había quedado viudo. Según se indicó, habría comenzado una relación con Alicia. Carranza tendría cierta estabilidad, una vivienda con servicios y contaría con medios para mantener un nivel de vida. Todo lo contrario a Alicia.
Alicia se encontraba en la marginalidad, en un estado de vulnerabilidad extrema, desprotegida. El Estado condenó a su primer agresor; el Estado intervino para dar asistencia a sus hijas, debido a que ella no estaba en condiciones para hacerlo, pero el Estado no habría articulado con otros organismos para proteger, contener y asistir a Alicia. El mismo Estado ausente tampoco lamentó su muerte, a través de un comunicado para solidarizarse con sus deudos. Nadie salió a la calle a pedir justicia por Alicia, como si nadie notara su ausencia.