Investigan presunto enriquecimiento ilícito tras detectar operaciones con criptoactivos, viajes y pagos en efectivo.
La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. La Justicia detectó movimientos de fondos a través de criptomonedas durante 2024 que no habrían sido consignados en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.
La información ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes investigan al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Los datos surgieron luego del levantamiento del secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete y de una serie de medidas orientadas a rastrear operaciones vinculadas a activos digitales.
Según trascendió, los investigadores detectaron movimientos de entrada y salida de fondos mediante criptomonedas durante el año 2024. Sin embargo, esas operaciones no figurarían en la documentación patrimonial presentada por el funcionario ante la OA.
La pesquisa incluyó pedidos de informes a bancos digitales y plataformas de pago como Mercado Pago, Brubank, Openbank y Personal Pay, además de exchanges de criptomonedas como Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango.
Las solicitudes incluyeron movimientos, legajos, registros de IP y detalles sobre operaciones vinculadas a activos como BTC, ETH y USDT. De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, la fiscalía continúa esperando información adicional para consolidar el volumen total de fondos movilizados.
La investigación también analiza si el patrimonio declarado por Manuel Adorni guarda relación con las operaciones inmobiliarias. Según la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024, el funcionario informó bienes por 107,8 millones de pesos, incluyendo 42.500 dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos con poco más de 6.200 dólares.
Además, declaró una hipoteca privada por 100.000 dólares otorgada por Graciela Molina y Victoria Cancio para adquirir una vivienda en el country Indio Cuá, operación en la que intervino la escribana Adriana Nechevenko.
Uno de los puntos bajo análisis judicial son las remodelaciones del country y en un departamento ubicado en Miró. El contratista Matías Tabar declaró como testigo que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin factura para ejecutar las obras.
La fiscalía también incorporó al expediente gastos vinculados a viajes al exterior, figurando desembolsos de 4.800 dólares por un vuelo privado a Punta del Este, más de 5.000 dólares en pasajes relacionados con un viaje desde Nueva York y pagos en efectivo por vacaciones en Aruba, además de gastos de hotelería.
Según fuentes judiciales, el monto total de fondos movilizados en poco más de un año asciende a unos 349.640 dólares, una cifra que, hasta el momento, “carece de respaldo financiero correspondiente”, debido a la falta de bancarización y documentación respaldatoria.
Mientras continúa el análisis de documentación bancaria, fiscal y migratoria, el fiscal Gerardo Pollicita busca determinar si los fondos utilizados para compras, remodelaciones y viajes pueden justificarse con los ingresos declarados por el funcionario. Por su parte, Manuel Adorni sostuvo que la situación quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025.
