Dos hombres reconocieron haber robado y fueron condenados
Luis Esteban Díaz y Diego Marcelo Arroyo reconocieron haber robado –en diferentes hechos y causas– y fueron declarados culpables por el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago. A ambos les dieron penas de prisión de cumplimiento efectivo, que cumplirán en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, en el departamento Capayán. Díaz fue condenado a 11 meses y Arroyo a seis meses. En ambos juicios abreviados, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal de Instrucción N°3, Gabriela De Marcos.
Díaz había llegado al edificio del Juzgado de Control de Garantías para su audiencia de control de detención. Estaba imputado por el delito de “robo simple en calidad de autor”. Luego de un acuerdo entre la fiscal De Marcos, el abogado defensor de Díaz, Daniel Carrizo y el acusado, aquella audiencia se convirtió en un juicio abreviado. Díaz estaba imputado por haber robado en una vivienda de la ciudad Capital el 29 de marzo de este año. Robó una CPU, tres impresoras, dos monitores, un mouse, un teclado, dos parlantes, una heladera, un inflador, un estabilizador de corriente, dos antenas de wifi y un par de zapatillas. Luego del hecho, tomó un remís y se dio a la fuga.
En el juicio abreviado, Díaz reconoció el robo y se hizo cargo del hecho. “Sí, me arrepiento. Me hago cargo del hecho. No tendría que haber hecho esto”, manifestó ante el juez, la fiscal y su abogado defensor. Además, se mostró de acuerdo con la pena acordada entre la fiscal y la defensa. Finalmente, el juez Sago lo declaró culpable y lo condenó a 11 meses de prisión de cumplimiento efectivo. También fue declarado reincidente por décima vez.
Arroyo
Este hombre, por su parte, iba a tener su audiencia de prisión preventiva. Arroyo estaba imputado por el delito de “robo simple”. Por el acuerdo entre la fiscal De Marcos y el abogado defensor de Arroyo, Orlando Barrientos, se realizó un juicio abreviado. El juez Sago también declaró culpable a Arroyo, quien recibió una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por lo pautado entre la fiscal y su defensor.