miércoles 3 de agosto de 2022

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Más de ochenta damnificados

Denuncian a otra financiera por supuestas estafas

Es la tercera empresa catamarqueña que la Justicia Federal deberá investigar por defalcos millonarios. Los damnificados piden "medidas urgentes" y la restitución de los capitales aportados.

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2 de abril de 2022 - 01:25

Cristian Sixto Rojo, representante de la firma "CALLVU Servicios Financieros Bursátiles" con oficinas en el centro capitalino, fue denunciado penalmente por presuntas estafas de más de 3 millones de pesos.

La presentación judicial fue realizada ayer en la Justicia Federal con asiento en Catamarca por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Gerez, quienes evalúan presentar en los próximos días las denuncias de más de 80 damnificados.

Es la tercera "financiera" denunciada en los últimos meses por millonarias estafas en pesos y dólares.

Las otras dos firmas son Adhemar Capital SRL, propiedad de Adhemar Bacchiani, con casa central en esta Capital y sucursales en Córdoba y Tucumán, donde ya fue denunciado; y RT Inversiones SRL, cuyo representante Edgardo Bulacios también fue denunciado por estafa.

Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, las tres empresas que ofrecían rentabilidades mensuales superiores al 20% y hasta el pago de un premio o bono fueron denunciadas por "estafa", asociación ilícita", "intermediación financiera sin autorización" y la presunta captación de ahorros del público para su inversión en los mercados de valores y divisas, incluyendo cryptomonedas y otras operaciones bursátiles.

La denuncia a Cristian Rojo fue realizada en representación de dos personas por una suma cercana a los 3.7 millones de pesos.

A mediados del año pasado los dos habrían entregado ese dinero a Rojo, con la promesa de que recibirían rentabilidades mensuales de 22%, y un súper bono de 35%.

A cambio, recibieron pagarés que debieron entregar a medida que recibían la cuota parte acordada oportunamente. La cesación de pagos se inició en febrero de este año. Supuestamente, Rojo se negó a continuar honrando lo acordado y hasta se habría negado a restituir el capital recibido.

La indignación de los dos denunciantes creció cuando se dieron con que cerca de un centenar de personas estaban en una situación similar a la de ellos. Con los pagarés en mano decidieron radicar la denuncia penal.

Crece el escándalo

Los escandalosos márgenes de ganancias prometidos y que en algunos casos fueron pagados en tiempo y forma a los "inversionistas", solo pueden compararse con las abultadas cifras que les fueron entregadas a los empresarios por una incontable cantidad de personas que se aventuraron en la especulación financiera y salieron damnificadas.

El quiebre del negocio, que en principio y de acuerdo con las hipótesis de la PROCELAC serían básicamente estafas piramidales, se inició a fines de diciembre del año pasado cuando comenzaron a arreciar las denuncias contra Bacchiani, tras conocerse que había sido denunciado al igual que otras financieras, en una nota conjunta de los gobernadores Raúl Jalil Catamarca y Ricardo Quintela (La Rioja), enviada al presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Los gobernadores solicitaron una investigación por presuntas actividades dudosas, entre ellas lavado de dinero. Se hizo público el requerimiento y quedó expuesta una modalidad de captación de fondos que de acuerdo con lo informado por varias personas que aseguraron ser damnificadas, tenía sustento en la promesa de mayores réditos, cuanto más grande sea el capital invertido. Para acumular las sumas necesarias de varios millones, aparecieron los "poceros", que realizaban el trámite en la financiera. Estos poceros contaban con el aporte propio y de otros interesados de suma confianza, quienes a su vez y para agrandar el pozo y acceder a mayores porcentajes de ganancias (superiores al 22% mensual) captaban más interesados que aportaban su dinero llegando a generar, siempre de acuerdo con lo manifestado por los damnificados, pozos de más de 20 millones de pesos que involucraban al final a decenas de aportantes.

Crisis

La cesación de pagos por parte de Bacchiani se dio casi en simultáneo con la de RT Inversiones y la de CALLVU Servicios Financieros Bursátiles.

En los tres casos se registraron denuncias penales que quedaron en manos de la Justicia Federal.

Bacchiani cuenta además con una investigación en la provincia de Córdoba.

Hasta el momento y a pesar de la acumulación de denuncias, la Justicia no ordenó la detención de ninguno de los sospechosos.

Una serie de denuncias penales

A fines de diciembre Edgar Bacchiani comenzó a acumular denuncias por estafas, al igual que Franco Sarroca y José Blas.

En enero de este año fue denunciado en Córdoba y en Tucumán, donde tiene sucursales.

Fue denunciado por el empresario Cristian Guillou por una supuesta estafa en la compra del complejo Wika.

También en enero el Banco Central solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que investigue las actividades de Bacchiani.

Por el supuesto bloqueo de una cuenta comenzó a incumplir con los pagos y reestructurar deudas.

En marzo, la Justicia de Córdoba lo imputó por estafas reiteradas y le impuso una caución real de 40 millones de pesos para seguir libre.

La Justicia Federal con asiento en Tucumán declinó la competencia a pedido del juez catamarqueño, Miguel Contreras, quien quedó al frente de las causas.

Recientemente Bacchiani habría iniciado el pago a acreedores a través de cryptomonedas.

A mediados de febrero Edgardo Federico Bulacios, Edgardo Edmundo Bulacios, Alicia Nieva, Carolina Bonfanti, Víctor Vergara y Matías Rolón Reinoso, todos de RT Inversiones, comenzaron a acumular denuncias ante la cesación de pagos.

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