La investigación comenzó tras denuncias de usuarios por cobros indebidos de certificados gratuitos.
Director. Sebastián Segura.
El Registro Civil de Catamarca fue sacudido por un escándalo debido a que un empleado de apellido Pedraza fue exonerado de sus funciones tras realizar una maniobra irregular al cobrar sumas exorbitantes por certificados que por disposición oficial, son gratis.
La situación fue confirmada por el flamante director del organismo, Sebastián Segura, quien reveló que las primeras sospechas comenzaron a surgir durante los primeros días de mayo, cuando en el libro de quejas del organismo comenzaron a aparecer denuncias de ciudadanos que advertían supuestos cobros indebidos para obtener certificaciones de nacimiento y de matrimonio.
A partir de esas presentaciones, se inició una investigación administrativa interna que permitió reunir elementos suficientes para avanzar con una denuncia penal por presunta estafa contra Pedraza.
Presuntamente el sujeto exigía pagos de hasta 94 mil pesos -dinero que según trascendió era transferido directamente a una cuenta personal-, para realizar trámites que no tienen costo.
Segura manifestó que, una vez comprobadas las irregularidades, se resolvió avanzar de inmediato con la exoneración del agente y se remitieron todas las actuaciones al área de Recursos Humanos para completar el proceso administrativo correspondiente. “Este tipo de acciones contaminan y perjudican la imagen de un organismo integrado por trabajadores comprometidos. No vamos a tolerar ninguna conducta que afecte la confianza de la ciudadanía”, expresó el titular del Registro Civil.
Asimismo, instó a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad, advirtiendo que muchas veces estos hechos “se comentan por fuera de los canales oficiales y terminan quedando sin efecto”.
Desde la dirección del organismo recordaron que todos los pagos habilitados, como los vinculados a trámites de DNI o pasaportes, deben efectuarse exclusivamente dentro del Registro Civil mediante los mecanismos oficiales de timbrado o estampillado y remarcaron que ningún empleado está autorizado a recibir dinero en cuentas personales ni a cobrar certificados gratuitos.
El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen más damnificados por esta presunta defraudación que golpea la credibilidad de una de las áreas más sensibles de la administración pública provincial.
