Raro. Una familia denunció una maniobra telefónica para tratar de engañar a su hija. No tuvo respuestas.
Hace un par de semanas, los padres de una joven estudiante del secundario denunciaron lo que podría ser un intento de secuestro y pusieron a disposición de la Justicia los elementos para tratar de dar con los responsables, sin que hasta el momento hayan tenido novedades sobre algún movimiento en la pesquisa.
A la salida de clases, una compañera de la joven recibió un llamado en su celular de un número con característica de Buenos Aires. Una voz femenina le dijo que era la madre de la chica y que le avisara a su compañera que la esperara en la parada del colectivo.
Lógicamente, a la joven le resultó sospechoso que su madre se comunicara con ella a través de una amiga en lugar de llamarla directamente. Habló con su madre, quien le confirmó que no era ella la que había llamado. Dieron aviso a las autoridades del establecimiento y se radicó la denuncia.
Un hecho menor, se dirá. La adolescente a la que se pretendía hacer salir de la escuela fue lo suficientemente avispada para advertir el engaño y mantenerse a resguardo, pero el incidente da cuenta de un posible peligro sobre el que valdría la pena indagar por las dudas.
Podría tratarse de la punta del ovillo de algo serio y que todavía continúa operando.
Los padres de la joven depositaron expectativas en algún tipo de investigación y aún no tuvieron respuestas, ni siquiera en el sentido de que las eventuales indagaciones no arribaron a resultado alguno o son imposibles.
Lo más probable, obviamente, es que no se haya hecho nada debido a que el incidente no tuvo consecuencias más graves que la angustia de los progenitores.
Más allá del hecho puntual, es la misma situación que atraviesan centenares de personas que recurren a la Justicia y se topan con la indiferencia, sea por negligencia o porque el sistema no da abasto.
En cualquier caso, se afirma la impresión de que es inútil pedir auxilio judicial y resulta más sensato arreglárselas solo.
Otro episodio fue el de los hurtos realizados por un sujeto en un local comercial utilizando como elemento distractivo a un niña de corta edad.
Los ilícitos fueron registrados por las cámaras de seguridad del local externas e internas. El hombre puede identificarse claramente en las filmaciones y los robos, menores, son incontrastables. Todo fue entregado a la Justicia, pero han pasado ya tres semanas de los hechos sin que alumbren noticias.
La decepción de los denunciantes de estos hechos que no forman parte de la crónica policial se conjuga con otros más difundidos para acentuar las inquietudes respecto de la seguridad.
Diego Arroyo, uno de los cuatro beneficiarios de las “absoluciones pagas” por el violento asalto al reo de las criptoestafas de RT Inversiones Matías Rolón Reynoso en su domicilio del barrio Parque América, ya cayó dos veces por robo después de ser sobreseído sin juicio. En la última oportunidad fue excarcelado bajo caución a la espera del desarrollo de la causa.
A Arroyo se le permitió extinguir la acción penal en su contra por el asalto de Parque América pese a su frondosa foja de antecedentes y a cambio de una indemnización millonaria a las víctimas que no tiene forma de cubrir. Delinquió otras dos veces y sigue libre.
Denuncias sin respuesta satisfactoria, reincidentes contumaces beneficiados con disposiciones estrafalarias y una indulgencia incomprensible.
Como para asombrarse de la pésima imagen que tiene la Justicia.
