Las defensas de cinco imputados dijeron que el fiscal Santos Reynoso omitió detallar el rol de cada sospechoso.
Los abogados defensores de cinco de los 10 imputados que comenzaron a ser juzgados ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF) por narcotráfico y la introducción de estupefacientes en el penal de Miraflores -con la complicidad de guardiacárceles-, pidieron a los jueces que declaren la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio formulada por el fiscal federal Santos Reynoso.
Fuentes judiciales informaron que el planteo fue realizado al inicio del debate por el defensor del remisero Ariel Magno Brandán (49), el abogado Pedro Vélez, y de los guardiacárceles Lucas Brandán (33), con los letrados Ariel Díaz Sosa y Sebastián Ibáñez; José Alberto Molina (43), con el abogado Marcos Gandini, y Jorge Raúl Valdez (49), asistido por un abogado se apellido Sosa. Se sumó además el abogado del chofer Raúl Apud (48), Juan Pablo Morales.
El defensor oficial Hugo Vizoso, en representación de Jacobo Eliseo Jiménez alias “Niño J” (31) y su padre Mario Roque Jiménez (61), de Dayana Giselle Sarmiento (31), Kevin Emanuel Barros (27) y Cristian Miqueas Barros (31) –quienes habrían integrado el núcleo de la banda–, no acompañó el planteo de sus colegas. Los abogados consideraron que, al formular la elevación a juicio, Santos Reynoso omitió señalar cuál fue el rol que cumplió cada uno de los 10 imputados.
“Hemos pedido la nulidad porque no se describieron los hechos y la acusación que se hizo fue genérica, explicando solamente que se trata de una banda que trafica y vende drogas sin dar detalles de la función que tenía cada integrante”, manifestó un defensor al finalizar la audiencia.
Explicó además que, por cada acusado, en el texto de la elevación a juicio debe estar descripto un hecho determinado con un relato concreto de lo que hizo, detallando cómo se vinculó al sospechoso con el accionar de los demás imputados.
Las defensas de los tres guardiacárceles coincidieron al remarcar que no se describió la conducta que supuestamente tuvo cada uno de ellos, señalando, por ejemplo, cómo permitieron el ingreso de las sustancias al penal o cuáles fueron las maniobras que realizaron y que dieron sustento a la acusación fiscal.
Tras la presentación del pedido de nulidad absoluta, el fiscal del juicio, Rafael Vehils Ruiz, mantuvo la acusación del fiscal Santos Reynoso, aduciendo que no se vulneró ningún derecho de defensa de los acusados. Teniendo en cuenta la dimensión del expediente, los jueces del Tribunal dispusieron un cuarto intermedio hasta el martes a las 10 para resolver y emitir dictamen.
Para los investigadores, la banda era liderada por el "Niño J", imputado por "comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas organizadas, y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención (primer hecho), en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)".
Su padre, Mario Jiménez, está acusado como "coautor de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas (primer hecho)".
Otro integrante, Apud, habría participado como chofer y fue imputado por "comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención (primer hecho)".
Cristian Miqueas Barros (31) está imputado por "transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)".
Dayana Sarmiento y el remisero Ariel Brandán fueron imputados como "coautores de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)".
A su vez, Kevin Barros está procesado como "partícipe necesario de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (segundo hecho)".
Los tres guardiacárceles del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Lucas Brandán, Valdez y Molina, están imputados como "partícipes necesarios de comercialización de estupefacientes triplemente agravado por la participación de tres o más personas, por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la guarda de presos y por haber sido realizado en el interior de un lugar de detención (primer hecho)".
Para los investigadores de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y de Gendarmería Nacional, la operación de traslado y venta de estupefacientes era liderada por "Jota", quien junto a Kevin Barros organizaba el traslado de las drogas desde Tucumán a Catamarca.
El padre de "J" habría tenido un rol fundamental, ya que sería quien tenía contactos con un proveedor en aquella provincia. De acuerdo con los primeros testimonios, Miqueas Barros y Dayana Sarmiento eran los encargados del traslado de las sustancias -ocultas dentro de su cuerpo-, en un remís que habría sido conducido por Ariel Brandán.
La introducción y venta de las sustancias dentro del penal habría estado a cargo de "Jota", con la participación de los vigilantes del SPP.
A su vez, los guardiacárceles habrían cobrado para facilitar la entrada de las sustancias y el posterior traslado entre los distintos pabellones para su comercialización.
El 1 de agosto de 2022, personal de Drogas Peligrosas y de Gendarmería que realizaba un control vehicular en el puesto caminero de El Portezuelo, departamento Valle Viejo, interceptó un remís conducido por Ariel Brandán, en compañía de Miqueas Barros y Dayana Sarmiento.
Eran aproximadamente las 3.30. Al momento de la requisa a la mujer se le secuestró un preservativo con droga que llevaba en sus partes íntimas.
De inmediato fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde junto con Brandán, bajo estricto control médico expulsaron más de 35 envoltorios que contenían marihuana.
