El bloque de Puente, Herrera y Acuña cuestionó la medida por los conflictos salariales no resueltos.
Operación. La mayoría de las inversiones son con el Banco Nación.
El bloque de diputados de Generación del Cambio sumó su rechazo a la decisión del Gobierno de concretar inversiones financieras por más de $50.000 millones con fondos "remanentes" mediante plazos fijos y Fondos Comunes de Inversión.
En este sentido, el bloque opositor profundizó las críticas advirtiendo que estas inversiones se realizan en un contexto social marcado por "conflictos salariales no resueltos y graves déficits en áreas esenciales del Estado, como salud y educación". Además, pusieron especial atención en el origen de estos fondos y el destino de las utilidades, solicitando transparencia en las operaciones.
Mediante un comunicado, los legisladores plantearon que la medida del Ejecutivo "no puede analizarse de manera aislada, ni meramente técnica", ya que a su criterio "se trata, en realidad, de una decisión política concreta que expone un orden de prioridades profundamente equivocado".
"Mientras el Gobierno coloca recursos públicos en el sistema financiero en busca de rentabilidad, docentes, trabajadores de la salud y empleados públicos continúan reclamando salarios dignos. Calificar como 'excedente' a dinero que podría destinarse a atender estas urgencias implica desconocer la realidad cotidiana de miles de familias catamarqueñas", aseveraron.
En esa línea, advirtieron que este tipo de decisiones "consolidan un modelo de gestión que prioriza la lógica financiera por sobre la inversión social, transformando al Estado en un actor que especula con sus propios recursos mientras posterga soluciones concretas a problemas estructurales".
"Gobernar no es hacer rendir dinero en los bancos, gobernar es decidir para quién y para qué se utilizan los fondos públicos", dijeron los diputados, exigiendo "la máxima transparencia respecto del origen de los fondos invertidos, los criterios utilizados para calificarlos como excedentes, los plazos reales de disponibilidad y el destino de los intereses generados". Según los legisladores, "los catamarqueños tienen derecho a saber si estos recursos provienen de partidas subejecutadas o de áreas donde hoy faltan respuestas urgentes y si su inmovilización financiera implica una postergación deliberada de políticas públicas esenciales".
Finalmente, afirmaron que "Catamarca no necesita un gobierno que administre números desde un escritorio, necesita un gobierno que asuma, con responsabilidad política, el uso de cada recurso público". La polémica en torno a las inversiones del Gobierno se desató a partir de la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que autorizan estas operaciones financieras, informadas inicialmente por El Ancasti.
En este marco, el diputado libertario Francisco Monti había cuestionado duramente la medida, calificándola como una "incoherencia fiscal" al advertir que el Gobierno realiza colocaciones financieras mientras simultáneamente tomó un crédito por $45.000 millones con garantía de coparticipación para obras públicas. "Si hay plata disponible para invertir, no existe una necesidad real de endeudarse. Y si existe una necesidad real de endeudarse, entonces no hay plata para invertir", había dicho.
