La decisión del gobierno nacional de reducir de manera drástica el alcance del programa Remediar -una política pública emblemática del primer nivel de atención- merece un análisis riguroso, no solo desde la óptica fiscal, sino, sobre todo, desde su impacto sanitario y social.
Creado hace 24 años bajo la gestión de Ginés González García, Remediar logró consolidarse como una verdadera política de Estado. Garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales para la población sin cobertura, fortaleciendo la atención primaria y evitando la progresión de enfermedades que, sin tratamiento oportuno, derivan en cuadros más complejos y costosos. A lo largo de los años, el programa atravesó distintas etapas -incluida su interrupción durante la gestión de Mauricio Macri y su posterior relanzamiento en 2020-, pero siempre mantuvo un núcleo conceptual claro: el acceso a medicamentos básicos no puede depender de la capacidad de pago.
Hoy, ese principio es puesto en discusión por el gobierno de Milei. El programa finalizó formalmente el 1º de abril, con una prórroga excepcional de dos meses mediante una compra de emergencia. Y, según lo señalado por algunas provincias en base a información compartida en el Consejo Federal de Salud, el vademécum gratuito se reduciría a apenas tres medicamentos cardiovasculares. Hasta ahora, el Estado nacional garantizaba 79 presentaciones de fármacos esenciales: tratamientos para diabetes, antibióticos, antiparasitarios, medicamentos para enfermedades respiratorias, entre otros. Estos insumos llegan mensualmente a más de 7800 centros de salud en todo el país, constituyendo una red fundamental para la contención sanitaria de millones de argentinos.
Si bien no se han confirmado los cambios, tampoco han sido desmentidos con claridad, lo que refuerza la percepción de que el ajuste en el programa está en evaluación avanzada. Este contexto resulta aún más paradójico si se considera que existe un proyecto de ley para institucionalizar Remediar, con media sanción del Senado y dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Desde una perspectiva de políticas públicas, la reducción del acceso a medicamentos esenciales en el primer nivel de atención es una decisión de alto riesgo y una redefinición del modelo sanitario. Limitar la provisión de medicamentos implica trasladar el costo, económico y sanitario, a los sectores más vulnerables, que verán interrumpidos tratamientos crónicos o directamente perderán acceso a ellos.
La lógica del ajuste no puede ser el criterio rector en materia de salud pública. La racionalidad económica es indispensable en la gestión estatal, pero encuentra un límite infranqueable cuando compromete derechos básicos. En este caso, el acceso a medicamentos es una condición indispensable para la vida.
Reducir Remediar significa conspira contra la equidad sanitaria. Y es aceptar que habrá personas que no podrán sostener sus tratamientos. En salud pública, esa decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
