Por Basi Velázquez
miércoles 1 de octubre de 2025
Dos casos separados por más de una década muestran un patrón: el narcotráfico convierte a las mujeres más vulnerables en víctimas de una violencia que busca disciplinar y aterrorizar.
Víctima catamarqueña. Celeste Judith "Chasqui" Moreno tenía 20 años.
Por Basi Velázquez
El 4 de octubre de 2013, Celeste Judith "Chasqui" Moreno salió a tomar un helado después de almorzar con su abuela en el barrio Altos de Choya, en la Capital catamarqueña. Tenía 20 años, dos hijas pequeñas y cursaba un embarazo de tres meses. Era trabajadora sexual. En la marginalidad, la prostitución fue el medio que encontró para sobrevivir. Esa tarde, su cuerpo apareció estrangulado en un descampado de la zona norte capitalina.
Pasaron 12 años. En septiembre de 2025, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron brutalmente torturadas y asesinadas en La Matanza, Buenos Aires. Las habrían engañado. Sus últimos momentos de sufrimiento fueron transmitidos en vivo por TikTok a 45 personas, mientras su verdugo gritaba: "Esto le pasa al que me roba droga".
Entre el caso de "Chasqui" y el triple femicidio de La Matanza median más de una década, pero los patrones son inquietantemente similares. Ambos crímenes comparten un denominador común: las víctimas en situación de extrema vulnerabilidad social.
"Chasqui" era, según la investigación judicial, "una mujer marcada por la vulnerabilidad. Era pobre y trabajadora sexual. Se encontraba en la marginalidad. Era invisible". Esta invisibilidad social se convirtió en su sentencia de muerte cuando, según la hipótesis fiscal, se apoderó de un kilogramo de cocaína perteneciente a una organización narco.
Las tres jóvenes de La Matanza compartían esa misma vulnerabilidad económica que las llevó a aceptar una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad. Esa necesidad económica desesperante las convirtió en presas fáciles de una trampa mortal.
En ambos casos, la violencia desplegada excede largamente lo necesario para causar la muerte. "Chasqui" fue golpeada hasta quedar inconsciente antes de ser estrangulada con su propio corpiño. Las jóvenes de La Matanza sufrieron torturas que incluyeron "puntazos en el cuello", "aplastamiento macizo facial" y mutilaciones pre y post mortem.
Esta saña no es casual. El narcotráfico utiliza los cuerpos femeninos como lienzos donde escribir sus mensajes de terror. La violencia de género se potencia cuando se cruza con la violencia narco, creando un espectáculo de crueldad que busca disciplinar no solo a las víctimas directas, sino a toda la comunidad.
Si algo distingue ambos casos es la evolución en los métodos de intimidación. Mientras el asesinato de "Chasqui" se mantuvo en la esfera de lo "privado" -un mensaje dirigido al entorno inmediato-, el caso de La Matanza marca un salto cualitativo hacia el narcoterrorismo mediático. La transmisión en vivo de las torturas representa una nueva forma de disciplinamiento social. No alcanza con matar: ahora hay que exhibir el sufrimiento, viralizarlo, convertirlo en contenido que circule por las redes sociales como advertencia perpetua.
El caso de "Chasqui" Moreno estuvo a punto de prescribir. Durante 12 años, la investigación permaneció estancada, pasando por cinco fiscales diferentes sin avances significativos. Solo en 2024, cuando asumió la fiscal de Instrucción Paola González Pinto, se reactivó la causa y se imputó a cuatro sospechosos. Claudio Antonio "Loco" Argañaraz, Eduardo Rafael "Cacho" Silva, Ítalo Yamil Agüero y Miguel Ángel "Iguana" Nieva fueron imputados por "homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género", en calidad de coautores. Si bien estuvieron detenidos, actualmente se encuentran libres aunque la investigación continúa.
Esta demora no es solo una falla administrativa: es el combustible que alimenta la impunidad. Cada caso sin resolver, cada investigación que se estanca, envía un mensaje a las organizaciones criminales: pueden seguir usando los cuerpos de las mujeres más vulnerables como herramientas de terror sin consecuencias.
Ambos crímenes ocurrieron en espacios donde la presencia estatal debe reforzarse. "Chasqui" trabajaba en la prostitución sin ningún tipo de protección o marco regulatorio. Las jóvenes de La Matanza vivían en contextos de vulnerabilidad económica extrema que las llevó a aceptar propuestas riesgosas.
La marginalidad no es solo económica, es también institucional. Estas mujeres habitaban los bordes del sistema, espacios donde la ley del Estado cede terreno ante la ley del más fuerte. En esos territorios del abandono, el narcotráfico impone sus propias reglas y sus propios castigos.
Detrás de cada "femicidio con sello narco" hay vidas concretas interrumpidas brutalmente. "Chasqui" era madre de dos niñas y esperaba un tercer hijo. Brenda, Morena y Lara tenían sueños y familias que hoy las lloran. Sus muertes no son solo números en las estadísticas de violencia de género: son el resultado de un entramado complejo donde la desigualdad social, la ausencia estatal, la violencia machista y el poder del narcotráfico se combinan para crear escenarios de horror.
Los casos de Catamarca y La Matanza evidencian que no alcanza con perseguir penalmente a los autores materiales. Es necesaria una respuesta integral que aborde las causas estructurales que convierten a ciertas mujeres en blancos privilegiados de la violencia narco.
Esto incluye políticas de inclusión social que reduzcan la vulnerabilidad económica, marcos regulatorios que protejan a las trabajadoras sexuales, investigaciones judiciales eficientes que no se estanquen por años y fundamentalmente un Estado presente en los territorios donde hoy solo rige la ley del terror.
Mientras las mujeres más vulnerables sigan siendo invisibles para las políticas públicas, seguirán siendo visibles para la violencia del narcotráfico. En esa cruel paradoja se juega no solo la vida de miles de mujeres, sino el futuro mismo de una sociedad que no puede permitirse seguir naturalizando el horror.