Reclamo. Las protestas por la libertad de 'Canguro' Sánches fueron en la comisaría y la casa de la jueza.
Los detalles que surgieron tras la muerte de Natalí Delgado en Tinogasta y la imputación de quien fuera su pareja, Christian 'Canguro' Sánches, por una supuesta instigación al suicidio, muestran una vez más que los esfuerzos en materia de prevención de la violencia de género son inútiles si quienes tienen la facultad de intervenir para torcer el destino no prestan correctamente el oído.
Cuando la jueza Patricia Almendra de González resolvió la libertad de Sánches y le fijó una serie de restricciones, no fue la primera vez que se encontró con los nombres de Sánches y Delgado en un expediente. En esta oportunidad, la jueza definió en su calidad de subrogante del Juzgado de Control de Garantías en feria.
Dos años atrás, en su calidad de jueza Civil, Comercial y de Familia de Tinogasta, Almendra tramitó una denuncia del Servicio Local de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Municipalidad de Tinogasta en contra de Sánches, que fue acusado por supuestos hechos de hostigamiento y violencia de género contra una menor: era Natalí Delgado, que por entonces tenía 16 años.
La presentación se había hecho en la Comisaría de Tinogasta y como el caso involucraba a una menor fue girada al Juzgado de Almendra de González, que ordenó medidas e impuso restricciones para el sospechoso. Allí terminó el expediente, sin avanzar a la instancia de denuncia penal.
La familia de Delgado contó que la chica ya "la pasaba mal" desde entonces y reclaman que Sánches "es hijo de una empleada de la jueza". La joven se quitó la vida el 19 de enero.
Además de otros casos en los que se utilizó la figura de "instigación al suicidio", este hecho inevitablemente recuerda a otros en los que la modorra del Poder Judicial costó sangre.
María Milagros Vázquez tenía 23 años cuando fue hallada muerta la noche de un sábado de julio de 2024 en el paraje 'La Suerte', en Recreo. La encontraron porque Juan Carlos Aguilar, quien era su pareja, se lo confesó a otras personas y eso llegó a oídos de la madre de Milagros.
El avance de la investigación reveló detalles indignantes. Aguilar había sido denunciado en 2016 por la mamá de Milagros, que por entonces era su pareja, por hechos de abuso sexual cometidos sobre Milagros cuando tenía apenas 13 años. Producto de los abusos tenían tres hijos en común.
Esa denuncia llegó a juicio y Aguilar fue absuelto en 2018 por el beneficio de la duda. El fiscal de Cámara no apeló la sentencia y dos años después quedó firme. Para 2022 se archivó y en 2024 Aguilar mató a la mujer.
Otro caso lamentable ocurrió en 2021 con el femicidio de Eugenia Olivera, de Andalgalá. Era oriunda de Tucumán, tenía 37 años y tres hijos con Eliseo Guerrero, de 33, con quien vivía en Andalgalá.
La pareja se había separado y Olivera había denunciado a Guerrero y le había contado a sus amigas que vivía amenazada. De hecho, la mujer estaba supuestamente bajo un seguimiento de la Municipalidad por su situación vulnerable.
Así y todo, cuando Eugenia Olivera desapareció prácticamente por dos meses nadie notó su ausencia. Fue una amiga suya, desde Tucumán, la que pidió ayuda y alertó de la situación con una publicación en Facebook. Eso llegó a manos de la Justicia, que actuó de oficio e inició una búsqueda.
Encontraron sus restos calcinados en Agua Salada, a 30 kilómetros de Andalgalá. Fue el propio Guerrero el que confirmó que esos restos eran de ella. En agosto de 2023 fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua en un juicio abreviado.
Resulta lógico preguntarse si acaso los administradores de justicia están en la plenitud de sus facultades o si acaso no son ciegos y sordos.
Parece ilógico creer que una persona que ya dio todas las señales, tomó la fuerza para presentar una denuncia e intentó apartarse del círculo violento sea ignorada por la Justicia.
Parece ilógico pero ocurre. En los casos de Natalí, María Milagros y Eugenia esa indiferencia se cobró la vida.
¿Cuántos otros casos estarán hoy en esa delgada línea roja?
