La discusión por el reparto de fondos y responsabilidades entre la Nación y las provincias se reactiva en las tratativas para sancionar la Reforma Laboral, con los gobernadores maniobrando para tratar de ampliar la porción que les toca ante una Casa Rosada reticente.
La tensión es sistemática desde el inicio de la gestión de Javier Milei y obedece a un proceso de reconfiguración estatal donde el Gobierno nacional ha desertado de responsabilidades que históricamente conformaron la columna vertebral del pacto federal. El celebrado equilibrio macroeconómico es en gran medida solventado por las provincias.
En este marco, se destaca la caída de la Inversión Real Directa nacional, que está en el nivel más bajo desde 2015. Hace diez años superaba el 1% del PBI, se ubicó en el 0.8 y 0,9% en los dos últimos años de la gestión de Alberto Fernández y se desplomó al 0,3% en los dos primeros de Milei.
Esta retirada nacional se manifiesta en tres ejes críticos. El de la infraestructura vial es el más trillado. Rutas nacionales que conectan nodos productivos están en estado de abandono, afectando la competitividad de las economías regionales.
Por otra parte, miles de obras de agua potable y soluciones habitacionales quedaron a medio construir, convirtiéndose en monumentos al cemento desperdiciado. A esto se suma la poda de las transferencias a las provincias para seguridad social y educación.
La Nación aplica una doble pinza a los distritos subnacionales. Por un lado, deserta de sus funciones básicas, obligando a las provincias a "hacerse cargo" para evitar el colapso social o productivo. Por otro, esa misma administración nacional recorta los fondos coparticipables o discrecionales que deberían financiar tal respuesta.
De tal manera, las provincias se encuentran en una posición de subsidiariedad forzosa. Deben sostener comedores, reparar rutas nacionales y subsidiar el transporte local —tareas que antes contaban con auxilio federal— mientras sus ingresos reales caen por la recesión y por cambios impositivos decididos de forma centralizada.
El control del déficit es una meta necesaria para la estabilidad, pero no puede ser un fin en sí mismo si el precio es el desmembramiento de la infraestructura del país.
La "motosierra" sobre la inversión pública en las provincias no es una política de austeridad sostenible, sino una transferencia de crisis hacia el eslabón más cercano a la gente. Para que el equilibrio fiscal sea real y duradero, debe ir acompañado de un plan de desarrollo que no ignore la geografía nacional.
