La diputada provincial Silvana Carrizo aclaró públicamente su posteo sobre el crimen de María Soledad Morales, negando que tuviera fines de campaña. Carrizo lamentó la interpretación dada, sugiriendo que "el oficialismo" busca con ella "proteger a los mismos apellidos de siempre".
Esta declaración surge tras el 35º aniversario del crimen, cuando figuras de su espacio vincularon el caso a la campaña electoral. Carrizo calificó el asesinato como “la muestra más brutal de lo que pasa cuando el poder político se siente intocable” y señaló “privilegios para los poderosos y silencio frente a las injusticias”.
En otro orden, Carrizo respondió a Fernando Monguillot, criticando la gestión económica y social provincial. "Defender el bolsillo de la gente no puede ser un eslogan vacío”. Enumeró “salarios de pobreza” para municipales, becas como empleo precarizado y sueldos estancados para empleados públicos y docentes. Afirmó que "la verdadera defensa del bolsillo es garantizar salarios dignos y condiciones laborales reales".
Carrizo asoció las políticas de Monguillot con el pasado de deterioro social que generó 220% de inflación con Alberto Fernández, “pulverizando ingresos y quitando un 30% a jubilados”. Advirtió que ese pasado no puede volver. Además, cuestionó al oficialismo provincial por ser socio de intereses nacionales y “aplaudir decisiones que relegan a la provincia”. Criticó la concentración de recursos mineros en “fideicomisos poco claros” y la falta de regalías municipales, demandando: "defender a Catamarca es asegurar que lo que se produce aquí se reinvierta aquí".
La diputada también denunció la falta de transparencia y el bloqueo de debates en la provincia. Afirmó que, pese a invocaciones al diálogo, “se bloquean debates, se silencian voces opositoras y se evitan discutir problemas urgentes: crisis de OSEP, falta de recursos hospitalarios, recomposición salarial docente y oportunidades para jóvenes".
Carrizo reiteró que “el consenso no es obedecer, es debatir de cara a la sociedad y con transparencia”. Consideró inaceptable destinar “más del 10% del presupuesto provincial a sostener cargos políticos” con “más del 50% de la población bajo la línea de pobreza”. Finalmente sostuvo que "los recursos públicos deben priorizar educación, salud, infraestructura, producción, empleo genuino y recomposición salarial, no en sostener privilegios”.
