lunes 10 de junio de 2024
Coletazos del crimen de Rojas

La oposición presiona por el jury al fiscal Laureano Palacios

Diputados insistieron en que el fiscal que investigó primero cometió numerosos errores en la investigación del caso Rojas.

En un comunicado, el bloque de diputados provinciales de la UCR lamentó la decisión del fiscal Miguel Mauvecín de no acusar a su par Laureano Palacios por su desempeño en la primera parte de la instrucción del crimen de Juan Carlos Rojas y presionó para que el procedimiento avance aún sin la acusación. “No perdemos la fe republicana y la esperanza de que un instituto como el del Jurado de Enjuiciamiento, integrado por abogados de la matrícula, legisladores y la presidente de la Corte, puedan dar un paso hacia la verdad, dejando la certeza de que el Estado todavía funciona, de que las irregularidades se identifican, se subsanan y sancionan, y de que la responsabilidad en la defensa de los derechos ciudadanos continúa siendo un deber central del Estado”, expresaron los diputados. Además, plantearon que el Tribunal debería investigar la responsabilidad de los otros profesionales intervinientes en el caso.

Para los legisladores, “está en juego la esencia de nuestro sistema y entramado institucional, jurídico y político; más allá de la evaluación de una actuación individual”.

En el documento, consideraron que cuando el fiscal Mauvecín se excusó de participar en la causa contra Palacios alegando su amistad, el Tribunal debió aceptarla. “Las acciones de autopreservación esgrimidas por el representante del Ministerio Público, Mauvecín, que planteó la improcedencia del enjuiciamiento al fiscal Palacios por sus actuaciones en la investigación del asesinato del ministro Rojas, dan cuenta de la defensa corporativa del Poder Judicial en detrimento de la suprema función de justicia que deberían ejercer”, criticaron.

En ese sentido, consideraron que “minimizar a la condición de sumario una serie de irregularidades irreversibles da cuenta de la liviandad con la que el Ministerio Público Fiscal trata sus falencias intrínsecas o peor, se cubren entre ellos”.

“Fue noticia nacional la lista de errores cometidos por el Palacios, y sin embargo, para sus pares, ‘acá no ha pasado nada’. Resulta que las irregularidades referidas y por todos conocidas no solo impactaron en la investigación aún en curso (y sin avances), sino que contribuyen a la baja estima social que posee el sistema judicial”, opinaron.

Para sostener que Palacios incurrió en “mal desempeño, ignorancia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, los opositores argumentaron que el fiscal “no debía entregar el cuerpo si no tenía certeza sobre lo ocurrido”. “El pedido de una segunda autopsia debe necesariamente estar fundamentado, por la entidad del pedido”, recordaron y agregaron que “el olvido de una firma en una medida de coerción no es un olvido cualquiera y sin importancia, sino que constituye una omisión trascendente, puesto que constituyen reaseguros que protegen a la ciudadanía en general, y atenta contra las formas que se imponen como debidas para preservar garantías generales de toda la ciudadanía frente al enorme poder del Estado”. “Quitarle trascendencia y la dimensión aludida, constituye una franca violación integral del debido proceso y de las garantías de los ciudadanos, por eso se sanciona con nulidad absoluta del acto”, remarcaron. “Siguiendo la lógica del Ministerio Público, hasta podríamos permitir que se suprima la firma del juez para que allanen los domicilios de cualquier ciudadano”, graficaron.

Los legisladores insistieron en que “se supone que estamos evaluando a profesionales formados, con importantísimas responsabilidades, de quienes debemos exigir el máximo, no hacernos los distraídos o conformarnos con el mínimo desempeño”. “De lo contrario, corremos el riesgo de tener más casos como el de Rojas”, señalaron.

Impunidad en Catamarca

Sin embargo, consideraron que “la responsabilidad por la deficiente y negligente actuación del fiscal Palacios no termina en las medidas administrativas o judiciales en su contra”. “Por elevación, debería considerarse también la responsabilidad de todos los profesionales intervinientes, y aquí empieza a enturbiarse la transparencia del proceso. El instituto del Jurado de Enjuiciamiento, según el caso, puede poseer entre sus múltiples funciones, una con marcado efecto social: la de preservar la institucionalidad pública, identificando responsabilidades individuales de ciertos funcionarios sin afectar la credibilidad del Estado”, apuntaron.

“Toda persona tiene derecho a equivocarse, posea o no funciones públicas. Pero cuando los errores son sucesivos, reiterados, groseros y afectan en su transcurrir derechos constitucionales de otros, que poseía originariamente la función de tutelar, la situación adquiere otra trascendencia.

El fiscal (por Mauvecín) ya dejó en claro que su legal (y divergente) interpretación del derecho, desestimando la investigación de un par que innegablemente afectó los derechos de una persona ya sin vida, y sin posibilidad de defenderse, y de su familia, que todavía espera por lo menos una respuesta creíble de la Justicia, constituye todo un mensaje para la sociedad catamarqueña. Hay impunidad en Catamarca. Defender a los propios está por encima de cualquier irregularidad en el ejercicio de la función pública. Aclaramos que es solo la opinión de un fiscal. Todavía estamos a tiempo”, señalaron en el escrito.

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