El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó ayer miércoles la firma de un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.
Principales puntos del
acuerdo
De acuerdo al comunicado oficial, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.
El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema. En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.
A su vez, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los puntos que también formaba parte de los reclamos del sector. Además, Capital Humano informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
La firma del acta llega tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y el CIN, en un conflicto que tuvo como telón de fondo cuatro marchas federales universitarias, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes, votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y presentaciones judiciales. El acuerdo se alcanzó luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida de $800.000 millones para atender los compromisos asumidos con el sistema universitario.
Aunque la firma del acta representa un avance en la negociación, en sectores sindicales universitarios todavía persiste malestar entre las bases. Los gremios seguirán de cerca la recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y la ejecución de los fondos comprometidos.
Pese al acuerdo alcanzado, el frente judicial continuará abierto. Las universidades habían reclamado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno recurrió a la Corte Suprema luego de fallos adversos en instancias anteriores. Las casas de estudio, por su parte, seguirán monitoreando la ejecución de los fondos comprometidos y la evolución de los salarios del sector. Más allá del principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.
En diálogo con "Fuego Cruzado" de Ancasti Streaming, Fernando Morales, referente de CONADU Histórica en Catamarca, expresó un contundente rechazo a la propuesta y denunció que el acuerdo fue una “imposición” del gobierno nacional, sin participación real de los gremios de base.
Morales detalló que el aumento del 24 % no compensa la pérdida salarial acumulada, que estima en más del 54% desde 2023. Advirtió que aceptar este acuerdo implica traicionar dos años de lucha: “Este acuerdo tira todos estos dos años de lucha y estaría pasando sobre la ley misma, que nos costó realmente mucho tenerla y ahora no saber defenderla. Nosotros seguimos manteniendo nuestro plan de lucha nacional, paro del 16 al 20”, aseguró.
Por su parte, Oscar Arellano, rector de la UNCa, evaluó positivamente el entendimiento y destacó que la propuesta viene de hace varias semanas, aunque se había estancado por un pedido del gobierno de retirar la demanda judicial, algo que los rectores rechazaron categóricamente. “Siempre hemos apostado al diálogo. Hubiera sido bueno que nunca tuviéramos que hacer ninguna marcha, pero finalmente salió un diálogo serio”, agregó el rector.
