La ONU alerta por un grave retroceso en derechos humanos durante la gestión de Javier Milei
El Comité contra la Tortura incorporó en sus observaciones finales el impacto de las declaraciones negacionistas del subsecretario Alberto Baños en Ginebra.
El revuelo que provocaron las palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, cuando negó el genocidio de la dictadura y justificó la represión estatal de su gobierno a la protesta social, fueron parte del documento que contiene las observaciones finales del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) sobre la Argentina. A pesar de los esfuerzos de Baños y sus funcionarios, el documento de la ONU manifestó cuestionamientos respecto del uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones, la detención prolongada de personas en comisarías, los abusos policiales, el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, y la impunidad en la investigación de esos hechos. También cuestionó el agravamiento de las condiciones de reclusión, las muertes en custodia, los presos de “alto riesgo” y el régimen de aislamiento, la falta de cumplimiento de los tratados internacionales sobre asilo político, reparación, los problemas del sistema de salud mental y las “comunidades terapéuticas” y el aumento de casos de trata de personas.
El CAT es el organismo que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aprobada por ley en Argentina en 1986. Entre el 12 y 13 de noviembre pasado, el comité recogió la información de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Comité Nacional para la Prevención de la Tortura CNPT, la Comisión Provincial por la Memoria y Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre el creciente aumento violencia policial y represión estatal de la administración libertaria.
A contramano de la actitud negacionista del gobierno libertario, el Comité manifestó su “consternación por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar y los recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en cuestiones de memoria, verdad y justicia”. Al mencionar sus recomendaciones anteriores, dijo que la Argentina “debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad, incluidas aquellas que involucren torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la última dictadura cívico-militar, proveer los recursos necesarios para ello, y garantizar la preservación y el acceso a archivos estratégicos para las investigaciones judiciales e históricas, y seguir garantizando la reparación integral de las víctimas y/o sus familiares, de conformidad con lo dispuesto en la Convención”.
Bajo el título: ”Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas", el Comité mantuvo su preocupación respecto de la resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre uso de armas de fuego, porque “debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplían su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha de la comisión de un delito grave”.
También sostuvo su alarma respecto la resolución 704/2024 que establece un reglamento para el uso de armamento no letal --que las organizaciones de derechos humanos denominan “meno letal”-- por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federal, porque no especifica las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas.
Otro punto de preocupación del CAT es la resolución 943/2023 (protocolo Anti Piquetes) porque no incluye criterios claros para limitar el uso de armas menos letales. El Comité lamentó la falta de respuesta a la solicitud de información respecto de quién y cómo se adoptan las decisiones para invocar este protocolo. Además, consideró que el protocolo habilita una “presunción automática de flagrancia en casos de cortes de ruta” y la “ampliación de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones, sin las salvaguardias necesarias para evitar restricciones indebidas al derecho de manifestación”.
Asimismo, objetó no haber recibido información exhaustiva sobre la investigación de las denuncias relativas a posibles abusos cometidos por las fuerzas del orden, como lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos como sucedió, dice el informe, en las manifestaciones de marzo de 2025.
El organismo internacional hizo mención a la “presunta represión violenta, el uso de proyectiles cinéticos múltiples y gases lacrimógenos, las detenciones arbitrarias y los registros policiales sin orden judicial que se habrían producido durante las protestas de comunidades indígenas en la provincia de Jujuy en junio de 2023, así como la falta de investigaciones efectivas sobre estas denuncias”.
Al respecto, el Comité realizó recomendó a la Argentina “asegurar que incorpore de manera explícita los criterios de necesidad, proporcionalidad y precaución y establecer directrices detalladas relativas al uso de armas menos letales y el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, así como mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de dichas directrices”. En ese sentido recomienda “armonizar las disposiciones legislativas y reglamentarias que rigen el uso de la fuerza por las fuerzas del orden con las normas internacionales en la materia”.
Otras de las recomendaciones fueron asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y protestas y garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación, e investigar “de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas”.
¿Orden y limpieza?
Otro motivo de preocupación son las informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires. El informe no lo nombra, pero en uno de esos procedimientos fue asesinado Octavio Buccafusco, en Vicente López, el 3 de septiembre de este año. Sobre los abusos policiales, el énfasis estuvo puesto en las denuncias de actos de violencia desproporcionada por parte de efectivos policiales, así como un uso excesivo de la fuerza durante arrestos, especialmente en situaciones de flagrancia y registros policiales. Preocupan además las informaciones que denuncian detenciones masivas, seguidas de actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos”, como los realizados en barrios populares, incluidos contra niños y niñas, en Tucumán, y durante los llamados operativos de “orden y limpieza” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle, incluidas aquellas con enfermedades de salud mental o consumo problemático de sustancias.
El Comité expresó “su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no están diseñadas para estancias de larga duración”. Según las informaciones de las que dispone el CAT, las condiciones de detención en dependencias policiales son sumamente deficientes, tales como celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente y la falta de espacios al aire libre o zonas de recreo. Además, se observan demoras significativas en la atención médica a las personas detenidas.
Alerta intramuros
“El Comité expuso su preocupación por las deficiencias en el derecho de las personas privadas de libertad a ser informadas de las razones de la detención y de los cargos que se les imputan, especialmente en los arrestos realizados en la vía pública en situaciones de flagrancia o en el marco de registros policiales sin orden judicial, que afectarían particularmente a niños y niñas, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de calle, principalmente aquellas que padecen enfermedades de salud mental”.
Respecto a los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024, el Comité manifestó su particular inquietud por “actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía”. Preocupan especialmente los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o “al seco” con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto. Asimismo, preocupa la aplicación de medios de contención mecánica, medicalización forzada, particularmente de mujeres, durante situaciones de crisis sin la correspondiente regulación y prescripción médica. Por último, el Comité está preocupado por la información recibida relativa a represalias contra personas que presentan denuncias estando bajo custodia, la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y de protección para víctimas y testigos, y el hecho de que la única alternativa que se ofrezca en estos casos sea el traslado a celdas de aislamiento o a otros establecimientos penitenciarios.
Por otro lado, el Comité expresó su inquietud por la información disponible que indica que las investigaciones sobre actos de tortura y/o malos tratos rara vez se inician de oficio, que los hechos suelen tipificarse como delitos de menor gravedad, que los exámenes médico legales y las autopsias realizadas resultan deficientes y que los procesos judiciales se demoran, contribuyendo a la impunidad de los hechos. En tal sentido, el Comité considera que “el Estado Parte debe garantizar un enfoque de tolerancia cero frente a la tortura y los malos tratos y asegurarse de que se emita una declaración pública clara y eficaz, al más alto nivel, que afirme de manera inequívoca que la tortura y los malos tratos no serán tolerados bajo ninguna circunstancia, que se transmita ese mensaje a su personal en todos los niveles, y que los derechos humanos de todas las personas en Argentina serán plenamente respetados". En lo que se refiere a las condiciones de reclusión, el Comité sigue preocupado por la sobreocupación y las condiciones materiales inadecuadas en las instalaciones penitenciarias del país, así como por el hecho de que se habría registrado un aumento sostenido de la población carcelaria durante el período que abarca el informe.
Además, el CAT instó a “velar por que se atiendan las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y subsanar las deficiencias en los servicios de salud que se prestan a las reclusas, incluyendo la disponibilidad de una atención ginecológica y obstétrica adecuada. Asimismo, debe asegurar un trato respetuoso, eliminando toda forma de violencia obstétrica. También debe garantizar el respeto del arraigo familiar, priorizando medidas alternativas a la privación de la libertad, particularmente en el caso de mujeres embarazadas o con niños y niñas pequeños/as.
El Comité observó con preocupación los altos índices de muertes en custodia en todos los lugares de detención, en su mayoría como consecuencia de enfermedades, aunque también registra casos de suicidios y homicidios. En tal sentido expresó que “el Estado Parte debe asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota”.
No a la baja
El elevado número de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en el país, su internamiento en centros alejados de sus familias, la imposición de penas superiores a diez años de privación de libertad y las condiciones inadecuadas en dichos centros fue otro motivo de alerta. “El Comité comparte las preocupaciones expresadas por otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos respecto del proyecto de ley actualmente en trámite, que, de ser aprobado, reduciría la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años".
Argentina tiene un año para proporcionar al CAT información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención prolongada en dependencias policiales, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de la protesta social, e investigación de denuncias de tortura y malos tratos e impunidad.
