Los programas dados de baja eran iniciativas enfocadas en el acceso a derechos, la inclusión laboral, la capacitación con perspectiva de género y la atención urgente a situaciones de violencia extrema.
El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, decidió eliminar 13 programas destinados a combatir y prevenir la violencia por motivos de género. La medida se formalizó a través de las resoluciones 291 y 292/2025 publicadas en el Boletín Oficial.
Entre los argumentos utilizados para justificar su eliminación, el Gobierno aludió a supuestas "deficiencias" en la administración de recursos y a la "falta de indicadores de impacto". A su vez, también hablaron sobre la "ideologización" de estas políticas públicas, tildándolas de "programas ideológicos creados por el kirchnerismo". A su vez desde el oficialismo ridiculizaron programas como MenstruAR, diseñado para garantizar el acceso a productos de gestión menstrual.
"Eliminamos despilfarros absurdos financiados por todos los argentinos", afirmó el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, quien aseguró que la supresión de estas herramientas de asistencia social generará un ahorro de más de $6.000 millones anuales. En redes se despertaron las críticas por estas medidas, que se centraron en el desmantelamiento sistemático de políticas con enfoque de derechos, priorizando el recorte económico por encima del acompañamiento a víctimas de violencia de género.
Los programas que fueron dados de baja eran iniciativas enfocadas en el acceso a derechos, la inclusión laboral, equidad rural, capacitación con perspectiva de género y la atención urgente a situaciones de violencia extrema. Entre ellos se encuentran:
Programa Nacional Articular
Generar
Igualar
Producir
Sembrar Igualdad
MenstruAR
Registro de Promotoras Territoriales
Acceso a Derechos para personas trans
Escuelas Populares en Género y Diversidad, entre otros.
Según los informes de auditoría citados por el Ejecutivo, se señalaron "superposiciones de funciones" y "falta de evidencia medible". Desde diversos sectores de la oposición, manifestaron que el cierre de estas políticas no solo debilita la red de contención estatal frente a la violencia de género, sino que envía un mensaje preocupante sobre las prioridades del actual Gobierno.
