ILVA solicitó que la Justicia ponga el procedimiento para hacer frente a sus deudas. Incertidumbre de los trabajadores que todavía no cobraron su indemnización.
Luego de despedir a 300 trabajadores, lo que dio inicio a un conflicto aún sin resolver, la fábrica de cerámicas ILVA se presentó a la justicia para solicitar que se declare un concurso de acreedores a fin de hacer frente a sus deudas. En caso de que el proceso judicial no arribe a un acuerdo, la firma podría ser declarada en quiebra, con la consecuente liquidación de sus bienes.
El último jueves, los abogados de ILVA iniciaron la demanda para solicitar el concurso preventivo ante el Juzgado Comercial Nº12. Si la Justicia convalida el pedido, en principio ILVA ganará tiempo frente a los reclamos de los acreedores. Principalmente, los trabajadores despedidos que aún no cobraron sus indemnizaciones. A cambio, la administración de la empresa queda bajo la supervisión de un síndico, quien fiscaliza las operaciones para garantizar el cumplimiento del proceso. Mientras tanto, la empresa puede seguir operando mientras se negocia con los acreedores.
Actualmente, ILVA está paralizada, con la totalidad de sus trabajadores despedidos, pero tiene en marcha una búsqueda laboral activa para reemplazar cada puesto, mientras que las máquinas están a punto para volver a producir. Si eso sucediera, la empresa tendría restricciones en cuanto a su manejo financiero y la administración de sus bienes.
Por otro lado, si no se logra un acuerdo o el plan de pagos fracasa, el proceso puede derivar en la quiebra, que determinará la liquidación del patrimonio de la empresa para pagar a los acreedores. En general, una empresa en concurso persigue un acuerdo con los acreedores para reorganizar las deudas y permitir que la empresa se recupere. El objetivo es la continuidad del negocio, evitando el cierre definitivo.
