Catamarca lanzó una comisión para analizar los cambios demográficos y planificar el futuro local
Con la presencia de expertos de la UBA, el Gobierno presentó el nuevo órgano institucional que diseñará planes de acción basados en las transformaciones poblacionales.
El Gobierno de Catamarca realizó la presentación oficial de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, un espacio institucional creado para analizar los cambios poblacionales y planificar políticas públicas con visión estratégica para el futuro de la provincia. La actividad se desarrolló en el Complejo Cultural Urbano Girardi y contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria y la asesora general de Gobierno Mara Murúa, entre otras autoridades.
En la jornada se destacó la necesidad de abordar, con compromiso y visión de futuro, las transformaciones estructurales y los desafíos poblacionales que atraviesan Catamarca y el mundo, con el objetivo de anticipar las políticas públicas necesarias para las próximas décadas. La comisión fue creada mediante Decreto N° 30 y tendrá como objetivo diseñar un Plan de Acción Institucional elaborado de manera plural y participativa, consolidándose como un órgano de articulación interinstitucional orientado a la formulación de políticas públicas basadas en datos verificables y consenso ciudadano.
En el marco de la presentación se desarrolló además una ponencia magistral del doctor Carlos Grushka, actuario por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Demografía por la Universidad de Pennsylvania, quien expuso sobre “Desafíos demográficos en la Argentina contemporánea. ¿La población envejece?”. Posteriormente, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Tania Schonhals, y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, presentaron la estructura y metodología de trabajo de la comisión. La iniciativa busca generar un espacio de análisis y planificación que permita al Estado anticiparse a los cambios demográficos y garantizar, con equidad y eficiencia, el bienestar de la ciudadanía en las próximas décadas.
