El Gobierno de la Ciudad ratificó que no concurrirá a la reunión que convocó el Gobierno nacional para debatir los recursos de seguridad del distrito y, al respecto, consideró que asistir al encuentro sería "como ir a un partido de fútbol que ya terminó". En medio de la tensión entre ambas administraciones por este tema, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta consideró que no se puede discutir "donde el resultado ya está puesto" porque la ley que le quitó fondos a la Ciudad "ya está sancionada".
La Ciudad ratificó que no irá a la convocatoria de Nación al diálogo
Al respecto, la gestión porteña recordó que "por este tema se hizo un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema" y señaló que no ir a la reunión del Gobierno nacional significa "ser coherentes" con esa estrategia.
"Eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar. En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos", afirmó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli en declaraciones al canal A24.
El domingo por la noche, la Nación había reiterado la convocatoria al diálogo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para intentar llegar a una salida negociada en torno al conflicto por la quita de recursos coparticipables que se destinan al funcionamiento de la Policía de la Ciudad, luego de la negativa de las autoridades porteñas.
El Gobierno porteño ya había declinado la primera convocatoria a una mesa de diálogo previsto para ayer a las 15 en el Salón de los Escudos, y el Ministerio de Interior y el de Economía repitieron la invitación a través de una carta en la cual apelan al "diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones", y ofrecieron como fechas alternativas "los días 6, 7 u 8 de enero del corriente año en idéntico horario y locación".
"Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece en su artículo 75 inciso 2° quinto párrafo, diferenciando los recursos que corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dicho concepto de aquellos previstos en el artículo 8° de la Ley N° 23.548, postura que fue apoyada por los gobernadores y las gobernadoras de las VEINTITRES (23) provincias al momento de la suscripción del Consenso Fiscal, el pasado 4 de diciembre de 2020", habían explicado en la nota los Ministerios.
En la misiva de invitación, también marcaron que "sin perjuicio de desconocer por falaces los argumentos vertidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la misiva de referencia, quienes suscriben en representación de los Ministerios de Economía y del Interior de la Nación ratifican la voluntad del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires sobre la base del diálogo y la responsabilidad".
El Gobierno porteño radicó el lunes pasado en la Justicia una denuncia en la que declama la inconstitucionalidad de la ley 27.606, que le sustrae a la gestión porteña un 1,18% de los fondos que recibe de parte del Estado nacional, que de esta manera pasará del 3,5% de coparticipación, a un 2,32%.
La denuncia plantea que la ley que avala la quita de fondos es inconstitucional debido a que "viola el carácter convencional o concertado" que debe regir tanto en la transferencia de facultades y funciones de seguridad, como el coeficiente de coparticipación que corresponde a la Ciudad.
Este domingo, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, le contestó a Rodríguez Larreta y defendió la Ley 27.606 que a su criterio "subsanó la ilegalidad con la que (Mauricio) Macri traspasó por decreto la Policía, mejorando la calidad institucional de la autonomía porteña". "Además, fijó un ámbito de diálogo para establecer en forma trasparente los recursos correspondientes a esa transferencia", indicó.
Para De Pedro, la normativa aprobada "es la forma de respetar nuestra Constitución, la ley y la posición de todas las provincias". “Por eso lamentamos que el Gobierno de la Ciudad no quiera participar de este ámbito de consenso para alcanzar un acuerdo definitivo y resolver el problema que ellos mismos generaron", remató.n