El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa agroindustrial Vicentin, cuya deuda ronda los US$ 1.350 millones, y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla "de utilidad pública y expropiación".
El 80% de la deuda financiera de Vicentin está en poder del Banco Nación, que le otorgó los préstamos durante la gestión de Javier González Fraga, en el Gobierno anterior.
El Gobierno designó como interventor de esa productora de alimentos al experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad CEMA y economista del INTA.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el presidente indicó: "Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación de Grupo Vicentin para que el Estado Nacional se haga cargo".
"Todos los activos serán parte de un Fondo Fiduciario. Le encomendaremos la gestión de ese fondo a YPF Agro", indicó el jefe de Estado.
Explicó que se dispusieron "medidas para rescatar a esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino, con el propósito de que continúe y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos".
Acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Fernández sostuvo que el objetivo es "rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia, como es el mercado de granos y de cereales".
"Estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional. Haciéndonos cargo, a través de una empresa mixta como YPF, para llevar adelante una actividad que para nosotros tendrá postpandemia una relevancia singular, que es toda la actividad dedicada a la producción de alimentos", insistió.
Además, el jefe de Estado afirmó que "se trata de una operación de rescate a una empresa de magnitud en el mercado agrícola", y aseguró que era una "demanda" que recibieron "de muchos sectores santafesinos, una preocupación del Gobierno de Santa Fe".
"Que haya una empresa como el Grupo Vicentin que siga funcionando, que sea gestionada por YPF Agro, que tenga al frente de la gestión cotidiana a un experto de las características de Gabriel Delgado, son una prueba de que lo que queremos es aportar a ese mercado", aseguró.
Respecto de la ley de expropiación que enviará al Congreso, detalló: "Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que además se dedica a la producción de alimentos en un momento en donde la postpandemia tiene una relevancia singular".
"Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa de que continuarán en sus puestos de trabajo. También a los 2.600 productores, porque ellos son una fuerza muy importante para el desarrollo del Grupo Vicentin. Podrán contar con la empresa para seguir operando a través de ella y vendiendo sus granos a través de ella", señaló.
En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos US$ 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos -sobre todo del Nación- y el resto a productores y empresas del sector agrícola.
Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal, dijo Fernández.
"Es ilegal e inconstitucional"
La coalición Juntos por el Cambio rechazó la intervención y el proyecto de estatización del Grupo empresario Vicentin, al señalar que la iniciativa es "ilegal e inconstitucional", en tanto que advirtió que le va a "terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos".
"El anuncio sobre Vicentin es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos", protestaron los principales referentes de los partidos políticos que conforman la alianza opositora en un comunicado conjunto.
Según sostienen, se trata de "una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia". En esta línea, advierten que la intervención estatal de la empresa de exportación de granos sería "un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario", a la vez que "repite experiencias anteriores" que terminaron "costando muy caras a los argentinos", como las expropiaciones de YPF y de la empresa calcográfica Ciccone.
En una larga lista de fundamentos al rechazo de la medida, los firmantes al documento sostienen que "el anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial".
"El Estado solo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución.
Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa", recalcó el comunicado.
Por otra parte, alertan que "con la excusa de la soberanía alimentaria" el Gobierno se propone con este "primer paso" avanzar "en una mayor regulación del mercado de granos", actividad que aseguran que "funciona bien y es la principal fuente de divisas del país". "Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista", resaltan.
