El Juez Martínez de Giorgi, que espera que Milei firme la designación de su esposa como jueza federal, frena el impulso de la investigación.
Juez Martínez de Giorgi
La causa por la estafa con la criptomoneda $Libra quedó en terapia intensiva. El juez Marcelo Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar.
Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Javier Milei, y apartó a cinco querellas de la causa, que ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba. La medida puede ser apelada ante la Cámara federal.
La causa Libra viene a paso de tortuga y los pocos avances se dieron gracias al impulso de los querellantes. Ahora, el único impulsor será Taiano, a quien en Comodoro Py llaman despectivamente "tardano". Se trata de un triunfo enorme del gobierno de Milei en su intento de enterrar la causa por la estafa.
Martínez De Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron acreditar un "perjuicio real y directo" que los habilite a continuar en la causa y que tampoco pudieron probar debidamente ser titulares de las billeteras afectadas.
El juez además pareció darle argumentos a los acusados para que pidan la nulidad de la causa, que se descuenta será el próximo paso. En ese sentido, Martínez De Giorgi dijo que quienes invirtieron en Libra asumieron "riesgos inherentes" por tratarse de una "memecoin", algo que claramente no se sabía al momento del lanzamiento y mucho menos ante la promoción que hizo Milei.
La decisión de Martínez De Giorgi generó muchas suspicacias porque se da justo en momentos en que el magistrado espera que Milei le firme la designación como jueza federal a su esposa.
El Senado aprobó el mes pasado el pliego de Ana Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, pero al igual que la cuñada de Hugo Alconada Mon el Presidente no firmó su designación. El argumento del gobierno es que el juzgado no está habilitado, aunque habrá que ver si ahora hay súbitos avances con el nombramiento.
