Finalizó la feria judicial y se aguarda por definiciones en las causas por corrupción que se iniciaron el año pasado. Así, en la Fiscalía Federal de Catamarca, que dirige Santos Reynoso, se investiga la trama de la corrupción en la obra pública durante la gestión kirchnerista, pesquisa que tiene en la mira al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso. En el marco de esa causa, la Fiscalía recibió documentación referida a la megalicitación de 1.300 viviendas efectuada por el Gobierno provincial en marzo de 2012, en la que surgieron fuertes indicios de una cartelización entre las empresas participantes .
La investigación que inició la Fiscalía Federal fue a partir del testimonio del empresario Jorge Marcolli y del ex presidente de la Cámara de la Construcción Fernando Rivera. Los constructores que accedían a la obra pública debían depositar un retorno que iba para el Gobierno nacional. La Nación depositaba un adelanto financiero y al día siguiente del depósito los empresarios debían retirar un monto que oscilaba entre el 3 y el 5% del total transferido y llevarlo hasta la oficina de la empresa que pertenecía al actual ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, quien por entonces había formado la Asociación de Empresas Contratistas del Estado, una organización paralela a la Cámara de la Construcción. La denuncia afirma que Dusso llevaba el dinero hasta el aeropuerto Felipe Varela y lo entregaba a un enviado del ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López. En el marco de la investigación, la Fiscalía Federal ya tomó algunos testimonios y pidió información a las entidades bancarias sobre el proceso de creación de las cuentas por parte de las empresas en esos años.
En diciembre, la Fiscalía recibió la documentación referida a la licitación de las 1.300 viviendas efectuadas por el Gobierno provincial en marzo de 2012. En aquella oportunidad, salieron a luz sugestivas coincidencias entre un listado de empresas constructoras que iban a ser beneficiadas en la distribución de viviendas y que circuló en los días previos al acto licitatorio, y la nómina definitiva de las empresas adjudicatarias que se dio a conocer después.
Los fuertes indicios de la maniobra fraudulenta fueron revelados por El Ancasti en marzo de 2012, cuando se puso en marcha una megalicitación de más de 211 millones de pesos, dividida en 39 licitaciones más chicas.
Este diario accedió a una lista con el reparto supuestamente acordado entre las firmas participantes del negocio, que circuló antes de que se celebrara la apertura de ofertas.
El 2 de marzo de 2012, cuatro días antes de que el Instituto Provincial de la Vivienda, ya entonces a cargo de Dante Edgardo López Rodríguez, realizara el acto administrativo, Editorial Capayán dejó en depósito en una escribanía pública un sobre cerrado, cuyo contenido el escribano desconocía. El sobre fue sellado en las junturas a los efectos de garantizar que la documentación que contenía no pudiera ser modificada. El acto consta en la escritura N° 25, firmada en esa fecha.
El 23 de marzo, conocidas ya las ofertas presentadas por las empresas, se labró el acta de constatación, asentada en escritura N° 42, en la que se da cuenta del acto de apertura del sobre depositado y su contenido: la lista con el reparto de las obras anterior a la apertura de las propuestas.
Sugestivas coincidencias
Las coincidencias entre ambas nóminas pusieron bajo sospecha todo el proceso licitatorio, que venía controvertido desde un principio por el escaso margen temporal que dejaba para reunir una serie de exigentes requisitos a quienes pretendieran entrar en él.
Se presentó una sola oferta por barrio. Es decir: no hubo competencia efectiva en ninguna de las 39 licitaciones que conformaban la megalicitación.
Solo tres de las firmas que figuraban en la lista previa no ofertaron. El resto lo hizo, en su inmensa mayoría exactamente en la licitación que se les habría asignado con anterioridad.
A esta ausencia de compulsa, de por sí curiosa, se sumaban las concomitancias.
27 ofertas coincidieron exactamente con la lista previa: casi el 70% del total.
Dos licitaciones que en la lista original estaban en blanco no registraron ofertas. En otras que tampoco habrían sido asignadas previamente se presentaron firmas que ya tenían otro negocio cerrado.
Pese a que El Ancasti entregó los elementos que prueban la cartelización a organismos públicos encargados de velar por el patrimoni9o del Estado, no se hizo nada por investigar los hechos..
