Duro informe sobre la vigencia del clientelismo en Catamarca
La Nación se pregunta si el FCS terminó con un sistema político feudal "obsceno", o lo reemplazó "por otro más sofisticado y discreto". Sólo el gobernador Brizuela del Moral negó de plano que exista clientelismo.
Bajo el título "Paisaje de Catamarca: política y caudillismo", el diario La Nación publicó ayer un duro informe sobre la vigencia del clientelismo en Catamarca, situación que sólo fue negada en forma rotunda por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Entre los que aceptaron que el intercambio de favores y prebendas por votos y adhesiones es práctica usual se encuentran, además de intelectuales de la UNCA, el ministro de la Corte de Justicia Ernesto César Oviedo y el obispo Elmer Miani, en tanto que el presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, admitió que el organismo no puede hacer un control eficaz del gasto público, y el fiscal de Estado, Simón Hernández, no respondió a los llamados del periodista encargado de la investigación.
El informe salió en el suplemento dominical "Enfoques" y lleva la firma del periodista Gustavo Barco. Se trata de un trabajo cuyo proyecto fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística. La pretensión es determinar si el FCS, que sucedió al saadismo en el poder, reemplazó "un feudo obsceno por otro más sofisticado y discreto". La conclusión no es alentadora.
"Decir que existe una democratización de la sociedad me parece una infamia. No hay ningún progreso institucional ni independencia de poderes. En el caso catamarqueño, se da el personalismo, aunque hoy está siendo reemplazado por la favoritocracia en beneficio de una casta de gente que siempre es la misma. En lo político, se ha feudalizado la provincia y se ha cooptado a la sociedad civil", opinó al respecto Elsa Ponce, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la UNCA.
El historiador y profesor Luis Navarro Santana ratificó esa mirada. "El saadismo ha sido más torpe al sentirse el dueño del feudo, el Mesías que va a salvar a su pueblo. El gran error del FCS es no haber destruido esa estructura. Y repetirla", expresó el docente.
Oviedo no fue tan lapidario y consideró que "la provincia dejó de ser un feudo", aunque manifestó su postura crítica a la reelección indefinida del Gobernador y aceptó que existe clientelismo "como en todo el país".
"Lo que debería modificarse es la reelección indefinida, pero yo al feudo no lo veo, acá hay independencia total, nunca nos han presionado. El clientelismo político existe como existe en todo el país. Empezó con el peronismo en el ´50, pero no le echo la culpa a Perón, sino a los continuadores de esa línea: gobiernos peronistas, radicales, liberales, eso es indistinto. La reelección indefinida atenta contra el modelo democrático. Y un Estado, más que en un feudo, se convierte en un sistema casi monárquico", analizó el ministro de la Corte.
El periodista de La Nación consigna que "el fiscal del Estado, Simón Hernández, cuñado del gobernador Brizuela del Moral, nunca respondió los llamados y mensajes".
"En la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, destacaron que Catamarca es una de las provincias que no adhirió a la creación de una OA en sus tierras y que, en general, en las provincias, los controles pasan por ´el fiscal del Estado y el Tribunal de Cuentas", informa.
Y refleja que Mardonio Díaz Martínez, presidente del Tribunal de Cuentas -elegido por el Gobernador con acuerdo del Senado-, encargado del control del patrimonio provincial y de la aprobación de proyectos, consignó que "se hace muy difícil realizar un seguimiento de las inversiones, por la escasez de personal".
Información restringida
El artículo también refiere las restricciones que existen para el acceso a la información pública. Reproduce manifestaciones no sólo del diputado justicialista Fidel Sáenz -"uno de los denunciantes en la causa que involucra al ex gobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo, por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de información", recuerda-, sino también de la responsable del Boletín Oficial, Susana Olveira, quien aceptó las demoras en publicar las resoluciones oficiales e incluso calificó tal circunstancia como "grave".
Sáenz habló de los pedidos de informes que salen de la Legislatura y "nunca son respondidos" por los funcionarios, y de los retrasos de hasta dos años para publicar resoluciones del Gobierno en el Boletín Oficial.
Olveira, por su parte, admitió demoras "sólo" de un año y las atribuyó a "una decisión política".
