El juez de Control otorgó la libertad bajo restricciones y una caución de $5 millones. El acusado deberá iniciar tratamiento por adicciones y violencia de género.
El juez de Control de Garantías resolvió otorgar la libertad a un hombre, imputado por los delitos de “homicidio doblemente calificado en grado de tentativa y resistencia a la autoridad”. La medida había sido solicitada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género Alejandra Antonino.
Durante la audiencia, la fiscal solicitó que se confirme la legalidad de la detención y que el imputado continúe privado de la libertad por el plazo de 15 días mientras avanzan distintas medidas probatorias pendientes. Entre los elementos incorporados a la investigación mencionó actas policiales, secuestro de un arma de fuego, proyectiles y demás material balístico, además de informes y testimonios vinculados al contexto de violencia de género investigado.
La representante del Ministerio Público Fiscal, indicó que el hecho investigado ocurrió en un contexto de violencia ejercida contra la entonces pareja del imputado. Sostuvo que el acusado habría amenazado a la mujer utilizando un arma de fuego y posteriormente se habría apuntado a sí mismo. Asimismo, indicó que al momento de la intervención policial se habría resistido al accionar del personal interviniente. La fiscal remarcó además la existencia de antecedentes de violencia previos, consumo problemático de alcohol y sustancias, y un presunto sometimiento económico sobre la víctima, circunstancias que —según argumentó— configuraban riesgos procesales y peligro para la víctima.
La defensa, ejercida por letrado particular, cuestionó la legalidad del arresto y de la detención. Finalmente, luego de escuchar a las partes, el juez resolvió conceder la libertad del imputado bajo una serie de condiciones restrictivas. Entre ellas, deberá fijar domicilio, permanecer a disposición de la Justicia, presentarse periódicamente ante la Fiscalía, abstenerse de cualquier tipo de contacto o acercamiento con la denunciante y someterse al uso de dispositivo electrónico dual de monitoreo.
Además, el magistrado le impuso la obligación de iniciar tratamiento por consumos problemáticos y violencia, debiendo informar en un plazo de 30 días la institución donde realizará dicho abordaje y acreditar periódicamente su evolución. La libertad fue otorgada bajo caución personal de cinco millones de pesos.
