Piden a Procuraduría General de la Nación evaluar la labor de la Fiscalía Federal local
EL juez federal Argibay, calificó de "desatino" y "falta de cortesía", la negativa de remitir el expediente del Ministerio Público Fiscal Federal.
Argibay. A cargo de la causa, tras la inhibición del juez Contreras.
29 de abril de 2022 - 00:07
El Juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, que interviene en las causas RT Inversiones S.R.L y STRATTON Sierra SRL tras la inhibición del juez Federal catamarqueño Miguel Ángel Contreras, viajó ayer a Catamarca por la falta de avances de la investigación y al no obtener respuestas a sus reiterados pedidos de remisión de actuaciones, dio intervención a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe la labor de los fiscales actuantes en la causa.
En una resolución efectuada ayer Argibay consideró que el accionar del Ministerio Publico Fiscal de la Justicia Federal de Catamarca actuó con “desatino, constituyendo una no solo una falta de cortesía para el suscripto, sino además, podría constituir –al menos-, una infracción disciplinaria que debe ser evaluada por la máxima autoridad del Ministerio Público de la Nación”.
En la parte resolutiva del documento, reitera los pedidos de remisión de actuaciones realizados el 22 y el 28 de abril.
Además ordena “poner en conocimiento del Procurador General de la Nación y del Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán de lo acontecido a los fines de examinar las responsabilidades que pudieran corresponder”.
Entre sus fundamentos el juez santiagueño, que desde hace 20 días está a cargo de la causa, indica que es función del juez “decidir si la investigación de los delitos de acción pública queda a cargo del agente fiscal, con más razón aún, el Juez no puede ser impedido de acceder a las actuaciones en cualquier etapa en que se encuentre la investigación”.
Considera que a su criterio “ha transcurrido un plazo más que razonable desde que fuera instaurada la denuncia, sin que se hayan verificado novedades, motivo por el cual ejerciendo mi rol de director del proceso –no de la investigación en esta etapa preliminar), estimo necesario tener acceso a las actuaciones a los fines de verificar el cumplimiento del MPF de las medidas “ineludibles””, citas en el Código Procesal Penal.
La decisión de trasladarse a Catamarca tiene que ver con el tiempo transcurrido -20 días-, desde que Contreras, invocando la existencia de amistad con el titular de la firma, Edgardo Bulacio y su familia, se inhibió en la causa por presuntas estafas.
En este marco y antes del viaje, Argibay solicitó en dos oportunidades la remisión del expediente a su juzgado, para conocer lo actuado por los fiscales, ordenar que se digitalicen las actuaciones realizadas y conocer si hay alguna presentación pendiente de algún denunciante que podría ser un pedido para constituirse como querellante, entre otras medidas. Cuando llegó a Catamarca, el secretario penal del Juzgado Federal local le informó mediante un acta, que momentos antes, habiendo sido notificado del proveído (pedido) de remisión de las actuaciones, se hizo presente el señor fiscal federal de Catamarca trayendo consigo el mismo, y al haberle comunicado que el suscripto (Argibay) no podría atenderlo hasta no tomar conocimiento de la causa y examinar la misma, 'se retiró llevándose consigo nuevamente las actuaciones sin analizar ninguna manifestación'".
El otro escándalo
La fiscal de Delitos Económicos de la Provincia de Córdoba, que investiga decenas de denuncias contra Adhemar Bacchiani por estafas, acusó al juez Contreras de intentar interferir y hasta de pedirle el envío de las denuncias para que sean tramitadas en el fuero Federal local.
El pedido habría sido realizado a través de un llamado telefónico "en tono colérico", del que habría testigos.
La presunta injerencia fue trasmitida a al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General de la Nación.
