Márquez fue declarada culpable como autora de intento de homicidio. Castro y Monasterio, fueron partícipes.
Marquez. De rojo, con mayor expectativa de pena.
La semana pasada terminó el juicio por jurados contra dos mujeres y un hombre por el intento de homicidio de Roxana Murúa, ocurrido en enero de 2025, en el departamento Valle Viejo. Este martes se realizará la audiencia de cesura de pena. Posteriormente, el juez director, Miguel Lozano Gilyam, dará a conocer el fallo condenatorio.
María Gilda Márquez fue declarada culpable de “homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en calidad de autora”, mientras que su madre, María Eugenia Castro, fue hallada culpable como “partícipe necesaria de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa». Para ambas, la expectativa de pena es de entre 10 y 15 años de prisión.
El tercer implicado es Facundo Ariel Monasterio, expareja de Márquez, quien fue declarado “culpable del delito menor incluido de homicidio calificado en grado de tentativa en calidad de partícipe secundario”. Las dos mujeres llegaron al debate detenidas con prisión preventiva, mientras que Monasterio transcurrió la mayor parte del proceso en libertad.
A principios de año, las dos mujeres, a través de sus abogados defensores, pidieron salir de la Unidad Penal de Mujeres N.º 2, ubicada en avenida Colón y Mendoza. Castro y Márquez habían mantenido varios conflictos con otras internas.
“Ellas pretenden llegar a juicio en libertad o con prisión domiciliaria. Nosotros nos opusimos en virtud de que consideramos que existen riesgos procesales. De hecho, las personas se dieron a la fuga luego del suceso, ocultaron el arma, entre otras cuestiones. Por el conocimiento que tengo, prácticamente son el terror del penal de Mujeres. Tienen varias circunstancias de violencia, incluso anteriores a esta causa”, dijo entonces el abogado querellante, Pedro Justiniano Vélez, quien representa a Murúa en el proceso judicial.
Las dos habían planteado la posibilidad de acceder a una prisión domiciliaria o a la excarcelación, lo que fue rechazado por la querella. “Es un riesgo tanto para la víctima como para el esclarecimiento de la causa y para los testigos. En el Servicio Penitenciario amenazaron a diversas reclusas. Tengo conocimiento de que muchas internas pidieron traslados de pabellones por el temor que infundían estas personas”, agregó el letrado.
La negativa fue acompañada por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, representada por Guillermo Narváez, que además insistió en que se confirmara la resolución del juez Rodrigo Morabito, al existir un fuerte riesgo procesal. Luego de escuchar las distintas posturas, la Sala Penal estableció un cuarto intermedio y se esperaba que definiera si haría lugar o no al pedido de la defensa.
El viernes 30 de octubre, Castro y Monasterio se atrincheraron en sus celdas y se negaron a ser trasladados desde la Unidad Penal a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), donde se iba a realizar la audiencia de cesura de pena. Hubo forcejeos y, finalmente, el juez postergó la audiencia hasta este martes, cuando las partes intervinientes debatirán sobre el monto y el tipo de pena que le corresponderá a cada uno de los tres implicados.
Los 12 integrantes del jurado popular emitieron su veredicto por unanimidad. Para ellos, quedó probado que Márquez asestó una puñalada en el corazón de Murúa, provocándole una grave herida que casi le causó la muerte. Castro y Monasterio fueron considerados partícipes necesarios que, según los dichos de la querella, colaboraron para poner en estado de indefensión a la víctima, asestándole golpes con un fierro en el cuerpo y en la cabeza. Una vez reducida, Márquez le dio un puntazo en la zona del tórax que lesionó un ventrículo del corazón y la pleura -membrana que recubre el pulmón-, que estuvo a punto de colapsar como consecuencia de la herida.
