La documentación enviada al juez Marcelo Sago confirmó movimientos laborales mencionados por la primera denunciante.
La Cámara de Diputados de Catamarca remitió en las últimas horas un informe solicitado por la Justicia en el marco de la investigación contra el diputado provincial Javier Galán, denunciado por presuntos delitos de abuso sexual, peculado de servicios y exacciones ilegales.
La documentación fue incorporada al expediente que instruye el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, quien días atrás había requerido información sobre empleados designados por el legislador en la Cámara baja y sobre personal que cumpliría funciones en el Corralón San Javier.
Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el informe remitido por Diputados confirmaría que la primera mujer que denunció a Galán fue dada de alta y posteriormente de baja como empleada legislativa en fechas coincidentes con las señaladas en su presentación judicial.
El informe también detalla que Luna Avellaneda continúa registrado como empleado de la Cámara de Diputados y percibiendo haberes. Ese dato adquiere relevancia dentro de otra de las denuncias acumuladas en la investigación, vinculada a presuntas amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
Las medidas impulsadas por el magistrado profundizan una línea investigativa orientada a determinar si empleados pagados con fondos públicos habrían prestado funciones en un emprendimiento privado.
En ese contexto, el juez también libró un oficio a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) para establecer la situación societaria y la titularidad formal del Corralón San Javier.
Además del informe legislativo, en los próximos días avanzarán otras medidas probatorias. Entre ellas, las pericias sobre los teléfonos celulares de la primera denunciante y de Luna Avellaneda, así como evaluaciones psicológicas previstas para las tres mujeres que denunciaron a Galán por presuntos hechos de abuso sexual.
Todas las denuncias contra Javier Galán se encuentran actualmente bajo investigación sumaria del juez Marcelo Sago. La causa principal se inició por una denuncia de presunto abuso sexual con acceso carnal, peculado de servicios y exacciones ilegales. A ese expediente se sumaron otras dos denuncias particulares por presunto abuso sexual simple realizadas por mujeres que, según se indicó, no trabajan ni trabajaron en la Cámara de Diputados. Además, se incorporó una cuarta denuncia presentada por Luna Avellaneda por presuntas amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.