El caso Santa Fe reabrió el debate por la violencia escolar y la edad de imputabilidad
En el marco de la conmoción generada por el caso de violencia escolar ocurrido en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente asesinó a otro estudiante dentro de un establecimiento educativo, los abogados Pedro Vélez y Alan Álvarez analizaron en el programa Agenda del Día el impacto del hecho, el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil y la necesidad de fortalecer las medidas preventivas. Durante la entrevista, Vélez aclaró que la nueva legislación nacional aún no puede aplicarse al caso puntual, ya que no se encuentra vigente.
Explicó que la norma fue publicada el pasado 9 de marzo y que entrará en vigencia una vez transcurridos 180 días desde esa fecha, por lo que, en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal, no corresponde su aplicación al episodio ocurrido en Santa Fe. En ese sentido, señaló que la nueva ley introduce cambios significativos respecto del régimen anterior, principalmente en lo referido a la edad de punibilidad. Mientras la normativa derogada establecía la imputabilidad a partir de los 16 años, la nueva disposición prevé la aplicación del régimen penal juvenil para adolescentes comprendidos entre los 14 y los 18 años.
Sostuvo además que, de haberse producido el hecho una vez vigente la ley, el menor podría haber quedado alcanzado por distintas sanciones previstas según la gravedad del delito, desde amonestaciones y medidas tutelares hasta penas privativas de la libertad.
Baja de imputabilidad
Sobre el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad, Vélez sostuvo que los hechos de extrema gravedad requieren una respuesta por parte del Estado, aunque remarcó que esa respuesta debe estar orientada principalmente a la reeducación y a la reinserción social. Por su parte, Alan Álvarez vinculó el episodio con antecedentes registrados en la historia criminal argentina, en especial casos atravesados por bullying y violencia psicológica dentro del ámbito escolar, como el de Carmen de Patagones.
En esa línea, ambos coincidieron en que la discusión no debe agotarse en la sanción penal, sino que debe contemplar el abordaje de las causas estructurales que originan estos hechos, entre ellas la violencia escolar, la falta de contención familiar y distintas situaciones de vulnerabilidad social. Los especialistas remarcaron que la prevención aparece como un eje central para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse y advirtieron sobre la importancia del trabajo conjunto entre la familia, la institución educativa y el Estado.
“La sanción llega tarde. No devuelve la vida ni repara el dolor de la familia”, expresó Vélez, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer mecanismos de detección temprana y acompañamiento dentro de la comunidad educativa.
