Durante el año 2017, en solo 71 cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, se denunciaron más de 5.300 casos de violaciones a los derechos humanos, según el informe anual del Registro Nacional de casos de torturas.
Durante el año 2017, en solo 71 cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, se denunciaron más de 5.300 casos de violaciones a los derechos humanos, según el informe anual del Registro Nacional de casos de torturas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA publicaron el informe anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos.
"Las cifras son alarmantes: el sistema de encierro atraviesa una crisis humanitaria que no para de profundizarse. Todo esto ocurre ante la inacción, pasividad o complicidad de los tres poderes del Estado", aseguró el informe.
En su última visita, en abril de 2018, el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas destacó el diseño y puesta en marcha del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT) e instó al Estado nacional a reconocer la tipificación de la tortura en su multidimensionalidad tal como está estipulada en este informe.
Desde su implementación en 2010, se reconocieron 11 tipos de torturas y/o malos tratos que trasciende las agresiones físicas e incluye la dimensión psicológica, las condiciones estructurales, el régimen de vida y las lógicas de disciplinamiento con que las instituciones del Estado gestionan los lugares de encierro y los territorios.
La publicación del informe 2017 del RNCT se da, como se explica en su introducción, en un contexto de crecimiento sostenido de la población encarcelada como resultado de la “expansión de las políticas punitivistas desplegadas a partir del año 2013 y profundizadas en los dos últimos años, ambos servicios penitenciarios –el Federal-Nacional y el Bonaerense–, registraron un aumento de la población encarcelada de un 8,53% y 11,62% respectivamente en el último año”.
El correlato directo del aumento de la tasa de prisionización es el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención y, por lo tanto, la profundización de las violaciones a los derechos humanos.
En el trabajo de campo realizado en 2017, solo en 71 lugares de encierro, se relevaron 1.408 víctimas que denunciaron 5.328 hechos de torturas y/o malos tratos. La mayoría de las víctimas, más del 70%, tienen menos de 35 años. Jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad, esa la marca selectiva del sistema penal.