Todos están relacionados en forma directa al "puente del Mástil"

El Rodeo: piden sobreseer a Brizuela del Moral y otros 9 imputados

Las pericias no lograron demostrar que exista relación entre la ubicación del puente y los resultados fatales. Tres imputados aún serán investigados.
martes, 13 de marzo de 2018 · 04:25

La Fiscalía de Instrucción Nº9 solicitó al Juez de Control de Garantías el sobreseimiento total y definitivo de 10 de los 13 imputados en la causa por la tragedia de El Rodeo ocurrida el 23 de enero de 2014. Todos ellos estaban imputados en relación con el "Puente del Mástil" y las pericias realizadas en el marco de la investigación no lograron determinar una relación entre la ubicación del puente y los resultados finales fatales del alud. 

El Ancasti tuvo acceso a ese informe y en ese contexto la fiscalía concluyó que "es claro e indudable que al momento de proyectar los puentes en El Rodeo, no existía ningún registro oficial de crecientes históricas, de caudales relevantes, menos aún de alturas, tirantes o cotas que hubieran alcanzado crecientes anteriores del río Ambato. Es más, no se conoce informaciones oficiales de magnitud o caudales de crecientes ordinarias del río Ambato". Por tal razón "todos los profesionales intervinientes, utilizaron en forma razonable como dato para el diseño de los puentes la capacidad de conducción que tiene cauce del río Ambato, la capacidad del puente en arco, etc. Valor que resulta lógico y razonable, y que además, los puentes diseñados, permitieron el pasaje de dichos caudales", señala el informe.

En ese contexto se llegó a un consenso general que el fenómeno fue "un evento extraordinario por su magnitud, que se estima excede largamente la correspondiente a un evento de 200 años de recurrencia, cuyo valor no puede precisarse más, debido a la falta de datos, y que resultó completamente imprevisible en función de los antecedentes disponibles".

Las conclusiones sobre el puente señalaron que "los parámetros de diseño del puente fueron los normalmente aceptados en la técnica vial y utilizaron fórmulas para el cálculo de la crecida esperada que son ampliamente usados".
Se señala que "con puente o sin él, por la magnitud de la creciente, las pendientes del cauce y la ubicación de las viviendas dentro del mismo, no se hubiera podido evitar que el agua finalmente llegue a ellas provocando su inundación".

Las pericias concluyeron que "no hay constancia de advertencias sobre una mala ubicación o proyecto del puente ni acerca de su capacidad para permitir una adecuada circulación del agua en toda la documentación de la licitación. No hubo observaciones en el acto licitatorio, en el Acta de Replanteo o en el Acta de Recepción Provisoria y Definitiva. El contrato no incluía como obligación de la contratista la realización de proyecto ejecutivo o ingeniería de detalles".

Finalmente, el estudio del Instituto Nacional del Agua realizado en 2012, que incluyó la presencia del puente, no presentó objeciones u observaciones relativas a su ubicación o diseño. Y tras el alud "no se detectaron visualmente señales de daños estructurales en el puente, más allá de deterioros superficiales producidos por el impacto de los rodados de gran tamaño que arrastró la creciente".

Limpieza 
En relación con la limpieza, defensas y encauzamiento del río, las conclusiones señalaron que "no se advierte qué obra de encauzamiento o defensa se habría podido realizar en particular en la zona de la Villa que morigeren los efectos de una crecida de esta magnitud. El control de un río, por un principio elemental de la hidráulica se realiza desde aguas arriba. No consta que el cauce estuviera obstaculizado por algún elemento. 

Apelaciones
En septiembre pasado la Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso presentado por el abogado cordobés Gonzalo Héctor Ferreras, representante de los ingenieros Luis Alejandro Dal Bon y Luis Alfredo Pinetta, ambos imputados en la causa quienes solicitaron realizar una nueva pericia en el puente al señalar que al momento de efectuarse las primeras pericias, ellos no habían sido notificados de ninguna acusación. Este planteo fue rechazado por la Fiscalía, en primer lugar, y luego por el Juzgado de Control de Garantías. Tras ser apelada, los jueces hicieron lugar al pedido y en paralelo fijaron un plazo de cuarenta días para realizar una nueva pericia oficial, en la que las partes también pudieron designar un profesional.

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