Ana Laura Juárez Martínez se desempeñaba como ayudante de firma en la sucursal Capital del Banco de la Nación hasta los primeros meses de 2013. Fue desvinculada porque en octubre y noviembre de 2012 había presentado seis certificados médicos fraguados. Las autoridades de la entidad bancaria la denunciaron por “adulteración de documento” y “fraude contra la administración pública”. Los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF) la hallaron culpable del delito por el que venía imputada y la condenaron a dos años en suspenso, con inhabilitación especial perpetua, más el pago de $7.011,84. También se dispuso que realice servicio comunitario en establecimientos sociales.
“Me sometieron a la humillación más grande de mi vida. Pasé por los peores momentos. Mis padres no me criaron para esto. Ésta es una situación estresante”, dijo ante los jueces Adolfo Raúl Guzmán, Juan Carlos Reynaga y el subrogante Gabriel Casas del TOF. Recordó que había estado con una licencia psiquiátrica por largo tratamiento y que los certificados en cuestión los enviaba con un cadete porque no podía desplazarse; luego no volvía a verlos. También contó que le habían iniciado un sumario cuando aún estaba con licencia, la encontraron culpable y la desvincularon. Tuvo que dejar su puesto tras 11 años de servicio. Aseguró que tenía conocimientos bancarios “que otros empleados no tenían”.
Entre los testigos, se presentaron Daniel Sangi, tutor de Sumarios del Banco de la Nación, y Néstor Raúl Rasponi, calígrafo público nacional. Sangi comentó que la mujer fue despedida por haber presentado certificados adulterados para no ir a trabajar. “Si no se presenta y no justifica, se descuentan los haberes del día y otros ítems. Causó un perjuicio económico por los días no trabajados”, consideró. A su turno, Rasponi precisó que un certificado era copia de uno anterior y ampliado; “era falso”. Los otros cinco certificados estaban adulterados, concluyó tras las pericias pertinentes.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz y el abogado de la querella, Guillermo Díaz Martínez, sostuvieron la acusación y pidieron una pena de dos años en suspenso. Sin embargo, el fiscal pidió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el querellante, solamente por cinco años. “Usó certificados médicos para que no descuenten los días no trabajados. Está la estafa y la defraudación a la administración pública. Sabía que había una maniobra para evitar su perjuicio y trasladarlo al Banco. Percibió la totalidad de su sueldo mediante un engaño con estos certificados médicos”, señaló Vehils Ruiz.
Liliana Ahumada, abogada de la acción civil, señaló que se comprobó el perjuicio al Estado y pidió el pago de $7.011,84, por el pago de los días no trabajados. El defensor oficial Hugo Vizoso pidió la absolución, por considerar que el hecho había prescripto. Sucedió hace más de cinco años y la pena máxima está contemplada en dos años.
El perito caligráfico aclaró que:
Un documento es falso cuando es duplicado, es decir, una copia de un original.
Un documento es adulterado cuando al original se le realiza una modificación.
