Durante mucho tiempo las mujeres víctimas violencia de género dudaban en denunciar sus padecimientos porque no había un sistema institucional que las defienda adecuadamente. No se les tomaba la denuncia, no se les creía lo que denunciaban o se las revictimizaba todo el tiempo. Por eso, las que se animaban a denunciar eran la excepción. Eso fue cambiando y en los últimos años entraron en vigencia una serie de normas y se crearon instituciones y estructuras a los fines de hacer cumplir los derechos de las mujeres y combatir al mismo tiempo el flagelo de la violencia de género.
Esos avances vienen siendo atacados por las políticas del actual gobierno nacional, que ha desfinanciado áreas y programas relacionados con temas de género. Pero el retroceso puede ser inusualmente mayor si es que prospera un proyecto de ley que propicia el agravamiento de las penas por falsas denuncias. Pero no para todas las falsas denuncias, sino solamente para aquellas sobre violencia de género.
La iniciativa fue presentada por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.
Especialistas en derecho penal aseguran que este tipo de agravamiento de penas lo que lograrían, de aprobarse, es que las mujeres violentadas no se animen a denunciar. Muchas mujeres que sufren violencia física y de otro tipo no se animarán a denunciar porque si no hay una condena del delito, lo que puede suceder por muchos motivos, lo que no implica que se trate de una falsa denuncia, pueden ser ellas, que son las víctimas, las condenadas. Se trata de un despropósito con escasos antecedentes, que intimida a las víctimas y procura retornar a las épocas en que la violencia de género era un problema que quedaba entre cuatro paredes. Pero no solo intimida a las víctimas, sino también a testigos y peritos, porque también el proyecto presentado, y avalado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estipula que se los castigue con penas de prisión. ¿Quién se animará a testificar que sí existió un hecho de violencia de género, si luego el imputado no es condenado? Como se dijo, la absolución o falta de mérito o denuncia que no prospera no implica que el delito no haya existido.
Las estadísticas indican que son insignificantes las denuncias por violencias de género falsas, menor incluso al promedio de denuncias falsas por otros delitos. De modo que la iniciativa no tiene sustento jurídico alguno, ni tampoco en argumentos de la realidad.
Como reflexiona Ileana Arduino — especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género- “una de las mejores cosas que logramos en el último tiempo fue romper silencios. En lugar de amplificar la conversación, de buscar respuestas para las violencias naturalizadas, se quiere promover una herramienta de amedrentamiento y terror que impida denunciar”. Es decir, volver al silencio.
