Una innovadora ley aprobaron días pasados los legisladores provinciales neuquinos. La norma, que contó con el apoyo unánime, obliga a los conductores que cometen una falta grave de tránsito a que se hagan cargo de cubrir los gastos que le ocasionen al Estado. La ley especifica que se incluye como falta grave conducir alcoholizado, bajo los efectos de droga, pasar semáforos en rojo o conducir a una velocidad más alta que la permitida, entre otras. Los gastos a cubrir serán aquellos que no cubran las obras sociales y/o los seguros.
No hay entre la ciudadanía conciencia cabal de los formidables gastos que ocasionan los siniestros viales. Las estadísticas son más comunes para medir las vidas que se pierden o las secuelas físicas, que por cierto son más importantes que la dimensión económica. Pero los costos son también desmesurados. La Organización Mundial de la Salud estima que el costo económico de los accidentes de tránsito representa el 1% del producto nacional bruto (PNB) en los países de ingresos bajos, el 1,5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de ingresos altos.
Los nuevos estudios que se formulan en este último sentido consideran cinco grandes categorías de costos: los costos médicos, costos por pérdida de productividad, costos humanos, costos por daños a la propiedad y costos administrativos.
En Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial calcula que la siniestralidad vial implicó un gasto del oren del 1,7% del Producto Bruto Interno en el 2017. Las cifras son similares para los años sucesivos, con excepción del 2020, un año particular por las restricciones de movilidad impuesta por la pandemia.
El proyecto neuquino tiene como objetivo principal concientizar sobre la importancia de la seguridad vial, antes que fines recaudatorios. Lo que se busca es que el castigo económico opere como un modo de presionar para evitar conductas imprudentes a la hora de manejar un vehículo, como un correctivo ejemplificador adicional a una eventual condena en el fuero penal o civil.
El autor de la norma es el diputado Gerardo Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino. “El proyecto tiene por objetivo seguir concientizando y ayudar a que mermen los siniestros viales, principalmente como consecuencia del consumo de alcohol o de estupefacientes al conducir", dijo, y añadió: “El sistema de salud es el primero en llegar a un incidente vial y conlleva un montón de gastos que, al final, los pagamos todos los contribuyentes y, en estos casos, nos parecía injusto que fuera así. El principal objetivo es concientizar sobre la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad que tenemos a la hora de conducir en forma correcta y prudente porque, de no ser así, no solo ponemos en riesgo nuestra vida sino también la de terceros”.
La nueva norma plantea una perspectiva que quizás logre reducir la siniestralidad vial. Habrá que ver cómo funciona para pensar luego en replicarla en otras provincias o como ley nacional que rija en todo el territorio argentino.
