Hay decisiones políticas que marcan épocas. Que nos obligan a preguntarnos, con una honestidad que incomoda, qué tipo de sociedad estamos dispuestos a ser. La aprobación de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años no es una reforma técnica ni un mero ajuste procesal. Es una definición de tiempo y de prioridades. Es la señal de un Estado que, frente a la complejidad del dolor social, opta por la respuesta más punitiva en lugar de la más justa; la más sencilla en lugar de la más eficaz; la más rentable en términos de aplauso inmediato en lugar de la más humana en el largo plazo. Y eso debe ser dicho con claridad.
Cuando hablamos de un chico de 14 años no estamos hablando de un adulto en miniatura. Estamos hablando de una persona cuyo cerebro aún está en desarrollo, cuya capacidad de anticipar consecuencias, de controlar impulsos y de dimensionar plenamente sus actos es distinta, no por excusa sino por evidencia científica. Estamos hablando, en la enorme mayoría de los casos, de trayectorias atravesadas por el abandono temprano, por la pobreza estructural, por la violencia cotidiana, por escuelas que no lograron retener, por barrios donde el Estado llegó tarde o nunca llegó. Un adolescente que delinque no nació destinado a hacerlo. Fue moldeado por carencias que ningún niño elige y que ninguna infancia merece.
Y ante esa historia acumulada de ausencias, la respuesta elegida es la ampliación del castigo.
La experiencia comparada es contundente: bajar la edad de punibilidad no reduce el delito, no disuade de manera significativa, no previene nuevas violencias. Sí aumenta la estigmatización, profundiza la exclusión y consolida trayectorias de encierro de las que resulta cada vez más difícil salir. No lo dicen consignas ideológicas; lo señalan estudios criminológicos serios y lo han advertido organismos internacionales que instan a los Estados a fortalecer sistemas especializados, restaurativos y protectores en lugar de expandir el poder punitivo sobre la adolescencia.
Pero más allá de los datos, hay una pregunta que esta ley evita formular: ¿qué hicimos —qué hizo el Estado— antes de que ese chico llegara a ese punto? ¿Dónde estuvo cuando tenía cuatro años y el hambre era cotidiana? ¿Dónde estuvo cuando a los nueve dejó la escuela? ¿Dónde estuvo cuando a los doce encontró pertenencia en la esquina porque nadie le ofreció otra forma de ser visto? La ley responde al final de la cadena. No se hace cargo del principio.
Nada de esto implica desconocer el dolor de las víctimas. Muy por el contrario. El sufrimiento de quienes han padecido delitos es real, profundo y merece respeto, acompañamiento y reparación. Lo que no merece es ser reducido a eslogan ni utilizado como argumento automático para legitimar respuestas que no previenen nuevos daños. Honrar a las víctimas es trabajar para que no haya más víctimas. Es construir políticas públicas eficaces, integrales y sostenidas. Es no prometer soluciones mágicas que tranquilizan conciencias pero no transforman realidades. Cuando el dolor se convierte en herramienta de disputa política, se lo vuelve a herir.
Este debate también revela algo más incómodo: hemos comenzado a mirar a ciertos niños como si fueran menos niños. Como si la pobreza, la violencia o el abandono que atravesaron los despojara de su condición de sujetos de protección. Como si el delito cancelara toda responsabilidad previa del Estado. Eso no es justicia. Es una forma de alivio moral que desplaza la culpa hacia el eslabón más débil y evita revisar las deudas estructurales que arrastramos como sociedad.
Y sin embargo, pienso en los que todavía están a tiempo. En cada niño y cada adolescente que hoy, en algún rincón del país, vive en condiciones que ningún ser humano debería atravesar. Pienso en la posibilidad —todavía abierta— de que alguien llegue antes de que sea tarde. De que una maestra, un referente comunitario, una política pública sostenida, un adulto que crea y acompañe, logren torcer un destino que parece escrito por la exclusión. Pienso en ellos y sé que no podemos resignarnos.
Porque detrás de cada estadística hay una historia. Detrás de cada número hay un nombre, una cara, una infancia que merecía algo distinto. Y esos chicos que hoy tienen 10, 11 o 12 años necesitan que quienes tenemos voz la usemos con responsabilidad, que quienes ejercemos funciones públicas asumamos nuestra parte y que la sociedad no mire hacia otro lado porque el problema incomoda o porque la solución exige más que un cambio de ley.
La infancia no espera. La oportunidad de acompañar, de prevenir, de incluir, es breve y es ahora. Cada omisión se paga con más fractura social, con más dolor, con más víctimas.
El Congreso tomó una decisión. La historia dirá cómo la juzga. Pero nosotros también tenemos que tomar la nuestra: no acostumbrarnos, no callarnos, no aceptar que el castigo temprano sea la única imaginación política disponible. Exigir un país que cuide a sus niños antes de tener que juzgarlos. Un Estado que llegue primero con derechos, con educación, con salud, con presencia real.
Por las víctimas, que merecen verdad y prevención auténtica. Por los que todavía están a tiempo. Por los que merecen ser vistos y tratados como lo que son: niños.
“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.” (Nelson Mandela).
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.
