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Cara y Cruz

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5 de agosto de 2022 - 00:25

Después de varios días de tensión política en el vínculo entre el municipio de Andalgalá y el Gobierno provincial por la situación aún más tensa que se vive en la ruta que une los distritos de Choya y Minas Capillitas, donde hay al corte de los antimineros se sumó hace poco uno de promineros, finalmente ayer hubo una reunión entre las máximas autoridades. El gobernador Raúl Jalil visitó esa ciudad para hacer entrega de viviendas y luego estuvo con el intendente Eduardo Córdoba y el diputado provincial y exintendente Alejandro Páez para hablar de los temas más álgidos en torno a la minería.

Córdoba había tenido expresiones muy severas con el Gobierno provincial, al que había considerado “cómplice” del grupo prominero que, según dijo, estaba integrado por “personas encapuchadas con hachas y piedras” que impiden “el paso de otros ciudadanos andalgalenses”. Afirmó que al respecto “el Estado no dio respuestas” y que por esa razón se sentía “desilusionado” del Gobierno y de sus funcionarios. A su criterio, “no hay políticas que nos ayuden a llevar la paz social a nuestro pueblo”.

En particular, criticó a la ministra de Seguridad de la Provincia, Fabiola Segura, a quien le pidió por nota que intervenga en el conflicto en la ruta minera y desaloje a los “encapuchados”. Pero pocas horas después Segura respondió “in situ”: fue a Andalgalá y se reunió con vecinos para conocer qué estaba sucediendo y si sentían esa desprotección de la que hablaba el intendente, quien fue invitado a la reunión y por supuesto no asistió.

Está claro que el intendente Córdoba, que está abiertamente en contra de la actividad minera, no asume ninguna responsabilidad con esa paz social que necesita su comunidad. De hecho, no ha demostrado tener ninguna preocupación con los ataques de los grupos “ambientalistas” a los trabajadores mineros ni a la Policía cuando fue a garantizar el paso en la ruta que habían tomado. O incluso cuando incendiaron la sede central de la empresa Agua Rica con empleados adentro.

Para descomprimir esta situación y darle un corte a la discusión crónica sobre si la minería contamina o deja sin agua a la población, Jalil y Córdoba se pusieron de acuerdo en conformar una mesa técnico científica que estudiarán los aspectos claves para determinar si existe una potencial afectación de la cuenca del río Andalgalá. Tal equipo contará con la participación de especialistas de ambas partes, es decir, de la Provincia y el municipio. En una segunda etapa, a la mesa se incorporarán técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán y la empresa estatal YMAD.

El caso remite a la experiencia puesta en marcha durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, que contrató a principios de 2010 a la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), del prestigioso médico Daniel Stamboulian, para que realice un estudio integral del impacto de la minería en Andalgalá, a raíz de las insistentes versiones sobre la supuesta existencia de enfermedades terminales en poblaciones cercanas a Bajo La Alumbrera, el proyecto minero de entonces.

Provincia y municipio encararán un trabajo científico para determinar si la minería afecta o no el agua en la cuenca del río Provincia y municipio encararán un trabajo científico para determinar si la minería afecta o no el agua en la cuenca del río

En septiembre de ese año, luego de 8 meses de investigación, FUNCEI presentó un informe en el que descartó que se hubieran producido casos de cáncer en los habitantes de esas localidades del Oeste por efecto de la actividad minera. El médico Diego Fridman, uno de los investigadores de la fundación que participó en el trabajo, precisó que incluso comprobaron que la empresa “no utilizaba cianuro en el proceso de producción”.

No obstante, el mismo informe expuso la necesidad imperiosa de instrumentar políticas desde el sector público para que la millonaria renta minera redunde en un mejoramiento efectivo de la calidad de vida de los catamarqueños y en la generación de condiciones para el desarrollo sustentable. Allí está la deuda pendiente de la experiencia minera.

Por lo demás, en la reunión de la víspera Jalil comprometió que la cartera de Seguridad intervendrá en forma “rigurosa” en las protestas que se llevan a cabo en la ruta 47 para garantizar el tránsito regular.

Córdoba había enviado notas al Gobierno e hizo declaraciones en los medios, pero nunca intentó conseguir una audiencia en Casa de Gobierno. Ayer estuvo frente a frente con Jalil y se pusieron de acuerdo. En definitiva, hablando la gente se entiende.

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