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SUSCRIBITELa falta de eficacia de la Justicia para proteger a las mujeres que sufren violencia de género es una constante, casi un lugar común. Algunos de los casos terminan de la peor manera: el femicidio termina consumándose ante la más absoluta indefensión de la víctima.
María Isabel Speratti Aquino, asesinada por su expareja y progenitor de sus dos hijos el pasado 14 de marzo, bastante tiempo antes de esa fecha venía anticipando su propio femicidio. Hizo todo lo que estuvo a su alcance y todo lo recomendado por protocolo para que las instituciones del Estado la protejan y su agresor, que ya tenía un vasto historial de violencia, sea encarcelado. Sin embargo, nada de eso sirvió.
El de María Isabel es un caso emblemático del fracaso de la Justicia en la protección de las mujeres que denuncian a sus victimarios. La joven les anticipó a sus amigas en audios que compartió en grupos de WhatsApp que iba a ser asesinada por Gabriel Alejandro Núñez, lo que efectivamente terminó sucediendo. Los dos años anteriores se la había pasado visitando comisaría y los despachos judiciales de la Fiscalía 1 de Cañuelas, el Juzgado de Paz y al Juzgado de Garantías 8 para denunciar que era violentada por Núñez, quien además había intentado asesinarla.
El de María Isabel es un caso emblemático del fracaso de la Justicia en la protección de las mujeres que denuncian a sus victimarios
El 22 de junio del año pasado, María Isabel dio su testimonio en unas jornadas denominadas “Violencia de género y masculinidades; abordajes posibles para transformar realidades”, organizadas por el área de Mujeres de la Municipalidad de Cañuelas. En ese evento tuvo oportunidad de dialogar con el juez Martín Miguel Rizzo. Ese magistrado había caratulado como “lesiones leves” el intento de femicidio que había sufrido la joven en manos de Núñez en julio de 2021. Intervino su hijo adolescente para evitar que el victimario la ahorcara. En el encuentro, “ella le pidió al juez que cambie la carátula, que la proteja. Rizzo le prometió ponerle un abogado de oficio, porque ella no tenía dinero para costearlo, mientras su femicida contaba con asesoría legal”, según relata Silvina Molina, editora de Género y Diversidades de la Agencia Télam, en un informe sobre el caso.
El 14 de abril, cuando se cumpla un mes del femicidio de María Isabel, habrá una marcha organizada por “mujeres sobrevivientes” de la violencia de género. Mujeres que siguen vivas “porque nos escondemos de nuestros agresores”. Pedirán justicia y protección, acompañadas por una decena de organizaciones. En la convocatoria señalan: “Estamos de luto y hartas de la inacción de la Justicia en las causas de violencia de género. Iremos vestidas de negro y con una venda blanca en los ojos para denunciar la ceguera y la inacción de jueces y fiscales, que derivan en complicidad con los agresores. Pedimos el cese inmediato de esta complicidad judicial sistemática por acción u omisión”.
Será un reclamo, una protesta, pero también un grito valiente que no puede seguir siendo desoído.
