La reasignación presupuestaria universitaria decidida por el gobierno nacional luego de la multitudinaria marcha a favor de la educación pública del pasado 23 de abril, resulta muy insuficiente para el funcionamiento de las casas de altos estudios. Paralelamente a este proceso de desfinanciamiento se verifica una caída notable del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de las universidades, tanto de los docentes como de los nodocentes, por la insuficiencia de los aumentos otorgados. Entre diciembre del año pasado y junio de 2024, los sueldos del sector perdieron el 30% de su valor de compra.
La respuesta de la comunidad universitaria cobra forma de paros cuya intensidad parece ir en aumento. El interrogante es si este tipo de medidas de fuerza puede provocar una reacción positiva de parte de la gestión libertaria, como ocurrió con la movilización de hace cuatro meses. En principio parecería que no, porque la decisión nacional de ampliar el presupuesto luego del feroz ajuste de los primeros meses se debió al impacto de millones de personas en la calle en todo el país, y no de un súbito interés por la educación pública superior.
Sucede que claramente la educación pública y particularmente la universitaria, no es prioridad para el Poder Ejecutivo Nacional, que hasta decidió degradar la jerarquía del Ministerio de Educación, ahora convertido en apenas una secretaría.
El proceso inicial de desfinanciamiento, prorrogando el presupuesto 2023 sin atender el proceso inflacionario de los doce meses anteriores, se complementó con una campaña que intentó desprestigiar a la universidad pública al que se sumaron el propio Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y, por supuesto, el ejército de trolls libertarios que saturan las redes sociales.
Como ocurre con la universidad pública, el gobierno de Javier Milei ha incurrido en el desfinanciamiento también de la ciencia argentina. No son estrategias aisladas sino vinculadas. Es que hay una correlación entre el deterioro planificado de la universidad pública y un modelo económico que, al renegar del desarrollo de la industria y la tecnología nacional, no requiere de abundante mano de obra calificada.
“Al reinsertarnos en la división internacional del trabajo bajo un modelo de primarización económico-productiva en línea con el espíritu de la Ley Bases, se requiere una fuerza de trabajo de baja calificación y mínimas exigencias de formación profesional. Esos puestos de trabajo son fáciles de sustituir, lo que da al empleador mayor capacidad para imponer sus condiciones de máxima intensidad del trabajo y de bajos salarios llegando a sueldos de supervivencia”, sostiene Eugenio Montesino, economista, magister en Finanzas y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y añade: “Los modelos que primarizan la economía con bajo nivel de procesamiento y de valor agregado a esas materias para exportarlas hacia los países industrializados y que posteriormente las venden ya procesadas con elevado valor económico agregado, requieren de mano de obra nacional profesional capacitada en muy baja escala o cantidad”. Poner nuevamente en valor la importancia estratégica de la universidad pública para reafirmar nuestra identidad nacional y para potenciar el desarrollo sustentable de la Argentina, es uno de los desafíos más urgentes de la democracia. n
