Con una paritaria cerrada al filo de los plazos que evitó turbulencias con los gremios, el inicio del ciclo lectivo se vio opacado por el mal estado de varias escuelas, que debieron empezar de modo virtual porque todavía están en obras. Los directivos de algunas estiman que recién en abril podrán retomar las actividades normales.
La explicación oficial es que las empresas contratadas por el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles no cumplieron el compromiso de tener los trabajos concluidos antes del inicio de clases.
Es un problema que se reitera todos los años. Extrañamente, en una suerte de masoquismo administrativo, porque resolverlo depende, a diferencia de lo que ocurre con las paritarias, pura y exclusivamente de la voluntad del Gobierno. Comenzó a profundizarse en tiempos de Lucía Corpacci, cuando el área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación fue despojada de la función de refaccionar las escuelas, que fue transferida al Ministerio de Obras Públicas.
Antes de eso, el trámite era sencillo.
Aunque deba recordarse que tampoco garantizaba que las instalaciones brillaran por su buen estado, ni en el inicio de las clases ni en general, el circuito se limitaba a dos puntos: el directivo o el supervisor comunicaba las necesidades del establecimiento a Infraestructura Escolar, que quedaba encargada de resolverlas.
Ahora, el directivo gestiona ante Infraestructura Escolar, que a su vez debe gestionar ante el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, que por su parte tiene que chicotear a las empresas para que cumplan.
La demora del inicio de las clases en escuelas por inconvenientes edilicios es un problema que se repite todos los años
Esto lubrica la circulación de excusas: el directivo le echa la culpa a Infraestructura Escolar, que responsabiliza al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, que le recrimina a las empresas contratistas.
La cadena burocrática deviene en un teléfono descompuesto, con un detalle adicional: no faltan constructoras que aprovechan las urgencias del Gobierno por el inicio de clases para tratar de acelerar la marcha de otros expedientes de pago. No se sabe si tienen algún éxito, pero al Gobierno no parecen inquietarle demasiado las críticas al respecto que recibe de la oposición y de los gremios. Estuvo más aliviado este año porque la interna le quitó tiempo a los legisladores radicales para hacer las recorridas de supervisión edilicia que hicieron en anteriores vísperas del inicio de clases.
La cuestión es que no hay forma de que el ciclo lectivo empiece sin inconvenientes en la totalidad de las escuelas, sin excepciones; todos los años hay varias que deben diferir el inicio de sus actividades curricualres por inconvenientes edilicios.
Es increíble, porque ya desde diciembre se sabe cuándo comenzarán las clases, de modo que bien podrían emplearse los meses de enero y febrero para poner las instalaciones a punto, en lugar de andar traste al norte renegando con manchas de humedad y desperfectos a horas del regreso de los alumnos.
No parece demasiado complejo que Infraestructura Escolar, a cargo de Gustavo Jordán, haga un relevamiento y le informe al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, a cargo de Eduardo Niéderle, a fin de año. Incluso podría institucionalizarse el trámite, para que los funcionarios de turno no puedan omitirlo. Tipo el informe del gobernador a la Asamblea Legislativa, que indefectiblemente es el 1º de Mayo, para que Niéderle no pueda decir que nadie le avisó, o Jordán que se olvidó de avisarle, por ejemplo.
Tampoco sería descabellado volver al sistema anterior y dotar al Ministerio de Educación de los recursos para que Infraestructura Escolar se encargue del asunto sin intermediarios.
Lo peor, sin dudas, sería inventar un organismo de “enlace” con el pretexto de agilizar los trámites y facilitar la comunicación entre Educación e Infraestructura y Obras Civiles. Se le sumaría así otro interlocutor al teléfono descompuesto, pero teniendo en cuenta algunos precedentes a alguno podría ocurrírsele la genialidad.