Señor director:
Señor director:
Solicito la publicación de la presente referida al anuncio de la creación de una nueva empresa estatal de transporte.
Según declaraciones del ministro Raúl Chico publicadas por diario El Ancasti, “Lo que vamos a hacer es crear una empresa que va a concesionar o contratar distintos recorridos que se han diseñado a través de una consultora, que lo que hace es optimizar el servicio que hoy hay. Entonces, a los servicios lo van a seguir prestando empresas privadas a las cuales esta Empresa Estatal les va a asignar los recorridos a un determinado precio ese recorrido” (El Ancasti digital, 2/5/23).
La explicación sobre una nueva empresa estatal de transporte genera dudas sobre la competencia de los funcionarios públicos y el característico manto de sospecha de la gestión de Raúl Jalil para generar negocios al margen del control público.
Todo lo que supuestamente haría la nueva empresa es facultad de la administración pública a través de la Dirección Provincial de Transporte, en aplicación de la Ley 4906.
Según el marco legal, las concesiones de transporte público de pasajeros se deben realizar por licitación pública o mediante permisos luego del respectivo proceso de selección de oferentes. Crear una empresa para delegar esta responsabilidad responde al desapego del gobernador por los controles de los órganos públicos (ya sea administrativos o judiciales). Y está visto que no le basta con colonizar el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial, colocando adeptos en sus principales cargos, sino que le estaría molestando el propio procedimiento de control, el cumplimiento de la Ley.
La cuestión de optimizar los recorridos a través de una consultora (que no se ha dicho cómo se contrató y cuál fue el monto de esa contratación) y la determinación de un precio para los recorridos también pone en ridículo a los funcionarios y empleados de la Dirección de Transporte ya que la planificación del transporte y la elaboración de las tarifas son funciones esenciales del organismo. De manera que cabe preguntarse: ¿Para qué está la Dirección de Transporte si no va a estudiar, ni planificar los recorridos, ni va a realizar los procedimientos para concesionarlos y tampoco va a elaborar la tarifa?
En cuanto a la forma de establecer la tarifa según el recorrido resulta otra medida para desconfiar. En primer lugar, toda tarifa tiene en cuenta los costos de la prestación y que en materia de transporte se evidencian por las distancias recorridas, pero la otra pata de la ecuación es llevar personas, lo que implica tener en cuenta el índice pasajero/kilómetro. Es de imaginar los abusos a que puede dar lugar pagarle a una empresa que se dedique a recorrer distancias sin llevar a nadie. Todo esto, por idea de una consultora privada y materializada a través de una empresa estatal al margen de los controles básicos.
Como puede advertirse, los despropósitos de la propuesta deben poner en alerta la consumación de un nuevo negociado que no ha sido justificado en necesidades públicas.
Como para distraer la maniobra, el ministro trae a colación la vieja práctica de los espejitos de colores mediante el funcionamiento de una aplicación de geolocalización para los colectivos “Va a hacer un puntito rojo o un puntito verde, si es verde es porque viene bien en su frecuencia, y si es rojo es porque está fuera de frecuencia”, explicó. Esta gestión no se da cuenta que la ciudadanía ya les “picó el boleto” cuando quieren hacer negocios. Están fuera de frecuencia, con una luz roja cada vez más intensa.
Victor Javier Quinteros
(Abogado. Ex director provincial de Transporte).