El pasado 6 de marzo se presentó una denuncia por abuso sexual contra un sacerdote de la diócesis local, Eduardo López Márquez, sobre el cual ya pesaba otra imputación similar. Es una nueva denuncia, pero no es nuevo el modus operandi descrito en la presentación. Ni tampoco, lamentablemente, es nueva la actitud de la jerarquía eclesiástica catamarqueña que, a contramano de las instrucciones diseñadas por El Vaticano, guarda un silencio que se parece más a complicidad que a prudencia mientras se multiplican las acusaciones contra miembros del clero por delitos aberrantes.
Silencio también guardó el cura cuando concurrió a la indagatoria. No atinó a defenderse, ni públicamente ni ante el fiscal que lo interrogaba. López Márquez está imputado por delitos gravísimos, como "abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la situación de guarda y por ser cometido por un ministro de culto en calidad de autor" y, "corrupción de menores agravada por la guarda de la víctima, en calidad de autor, en concurso ideal".
En la última década, cuatro sacerdotes de la iglesia catamarqueña fueron imputados por delitos contra la integridad sexual. El primer imputado fue José Renato Rasgido, denunciado en 2014 en Andalgalá. Su caso debería elevarse a juicio en los próximos meses. Juan de Dios Gutiérrez ya fue condenado a la pena de 12 años de prisión por un caso ocurrido en Belén. Otro de los imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto religioso” fue Moisés Pachado, pero no respondió ante la Justicia porque murió el año pasado.
Pese a la sucesión de causas abiertas, una de ellas ya con condena, la iglesia catamarqueña ha evitado pronunciarse formalmente y con contundencia al respecto y ni siquiera ha intentado escuchar y contener a las presuntas víctimas de los abusos, desoyendo las instrucciones bajadas desde El Vaticano por iniciativa del propio Papa Francisco. En 2019, durante un encuentro de presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo sobre la “Protección de los menores en la Iglesia” realizado en Roma, se acordó la elaboración de un vademécum respecto del tratamiento que debía darse a los casos de abusos perpetrados por clérigos. El texto del vademécum señala que es responsabilidad de la iglesia promover investigación penal cuando algún miembro de la Iglesia tome conocimiento, por cualquier vía, incluidos rumores o información aparecida en medios de comunicación, denuncias anónimas y aun cuando no medie acusación formal, de la existencia de presuntos abusos. Además, el documento de El Vaticano indica que se les debe prestar atención especial a las víctimas, “a quienes se debe acoger y ofrecerles escucha y seguimiento, incluso a través de servicios específicos, así como asistencia espiritual, médica y psicológica, según cada caso concreto”.
Lejos de prestar activa colaboración para llegar a la verdad de los hechos, tal lo establecido en el mencionado vademécum, la exasperante pasividad de la iglesia local se parece mucho a una actitud de encubrimiento.
En otras diócesis la situación es aún peor. En 2021 la Justicia de la provincia de Buenos Aires se vio obligada a librar una medida cautelar de restricción contra el obispo de San Nicolás y un párroco para que “cesen con los actos de perturbación” y “violencia psicológica” contra una denunciante de abuso eclesiástico. En este caso no solo la iglesia no promueve la investigación del supuesto abuso ni contiene a la víctima, sino que además la hostiga y la persigue.
Mientras desde los púlpitos los sacerdotes señalan con actitud admonitoria los pecados ajenos, omiten reflexionar –y mucho menos condenar- los que cometen sus colegas en contra de niños indefensos. Ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
