La participación de miembros de las fuerzas de seguridad en actividades vinculadas al narcotráfico es una señal de alarma sobre la degradación de los mecanismos de control del Estado.
jueves 15 de enero de 2026
La participación de miembros de las fuerzas de seguridad en actividades vinculadas al narcotráfico es una señal de alarma sobre la degradación de los mecanismos de control del Estado.
En el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta se desarrolla actualmente el juicio contra los llamados "narcogendarmes", una organización criminal a la que se le secuestraron 334 kilos de cocaína. El volumen del cargamento impresiona, pero lo verdaderamente inquietante es el método. Los gendarmes imputados planificaban cada movimiento a través de un grupo de WhatsApp donde se compartían audios y videos con instrucciones precisas para ocultar la droga en vehículos y sortear controles. El conocimiento interno del sistema, adquirido en años de servicio, fue puesto al servicio del negocio ilegal.
Allí radica el núcleo del problema: utilizaban su condición de gendarmes para obtener ventajas indebidas, explotar zonas grises del control y reducir riesgos que para cualquier otro delincuente serían insalvables.
El antecedente reciente en Chaco refuerza esa preocupación. Efectivos de la policía provincial intentaron sustraer nueve kilos de cocaína que debían ser incinerados y reemplazarlos por ladrillos de yeso. La maniobra quedó registrada por cámaras de la televisión local, exponiendo una escena casi burda, pero profundamente grave. Entre los detenidos había personal jerárquico: un comisario, un subcomisario, un oficial principal y un sargento.
Catamarca tampoco ha sido ajena a este tipo de episodios. El caso más relevante es el de los excomisarios Carlos Kunz, ex jefe de Drogas Peligrosas, y Norberto Valdez, quienes deberán enfrentar un juicio por presunta connivencia con narcotraficantes, protección a delincuentes y malversación de fondos públicos. A ello se suman otros hechos: en 2024, un sargento de la Policía de la Provincia fue detenido tras un allanamiento en su domicilio de Fray Mamerto Esquiú, donde se hallaron evidencias que lo vinculaban a una red de comercialización de estupefacientes. Más recientemente, un oficial ayudante fue detenido en un procedimiento sobre la Ruta Nacional N° 38, en el Puesto Caminero La Viña, Paclín, cuando intentaba transportar más de 13 kilos de marihuana de alta calidad en un colectivo de larga distancia.
La pregunta incómoda es por qué estas conductas logran desplegarse durante meses o años sin ser detectadas, y qué fallas estructurales permiten que redes internas se consoliden dentro de instituciones que, por definición, deberían combatirlas.
El narcotráfico penetra las fuerzas de seguridad allí donde los controles son laxos. Por eso, la responsabilidad no es sólo penal, sino también política. La conducción de las fuerzas debe asumir que la prevención de estos delitos empieza puertas adentro, con controles estrictos, monitoreo patrimonial, rotación en áreas sensibles y mecanismos eficaces de control externo.
Los miembros de las fuerzas a los que la Justicia les compruebe la comisión de delitos vinculados al narcotráfico deben enfrentar castigos ejemplares. Cada policía o gendarme que comete un delito daña a su institución, debilita al Estado y deja a la sociedad más expuesta frente al crimen organizado.n